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5 de mayo de 2026

Ofrecieron una recompensa para capturar a un ex comisario de la Bonarense condenado por armar causas falsas

Se trata de Roberto Ignacio Aunati, quien fue encontrado responsable de los delitos de falsa denuncia reiterada, instigador de falso testimonio y privación de la libertad, uno de los casos llegó a extenderse por más de un mes

Esta madrugada, el Minsiterio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $5.000.000 para quien aporte datos que permitan capturar a Roberto Ignacio Anauati, ex comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires condenado por delitos cometidos en ejercicio de su función.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 409/2026, firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva el 30 de abril de 2026 y publicada en el Boletín Oficial.

La iniciativa responde a un pedido del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín, a cargo de la doctora Silvina Mayorga, formulado el 6 de marzo de 2026. El tribunal solicitó al Ministerio que activara el mecanismo de recompensa para facilitar la detención de Anauati, sobre quien pesa una orden de captura nacional vigente desde el 28 de octubre de 2022.

Anauati, nacido el 8 de julio de 1963, se desempeñó como comisario de la Delegación de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad de Campana, dependiente de la fuerza bonaerense. Su último domicilio registrado corresponde a la calle Tucumán 100, partido de Ezeiza.

La causa que lo tiene como imputado principal se caratula "Anauati, Roberto Ignacio y otros s/ Falsos Testimonios" y tramita ante el mismo tribunal federal de San Martín, con intervención de la Fiscalía N° 1 a cargo del doctor Marcelo García Berro.

El fallo condenatorio se emitió el 23 de febrero de 2021. En ese momento, el tribunal lo declaró coautor de falsa denuncia reiterada en tres oportunidades —una en carácter de autor y las otras dos como instigador—, delitos que concursan de forma real entre sí. A esos cargos se suma su condición de instigador del delito de falso testimonio agravado, por haberse cometido en una causa criminal y en perjuicio de los imputados, reiterado en dos ocasiones.

A su vez, también se lo encontró responsable del delito de privación ilegítima de la libertad con abuso funcional, reiterado en cuatro hechos, uno de los cuales quedó agravado por haber tenido una duración superior a 30 días. La pena impuesta fue de 3 años y 9 meses de prisión, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena, accesorias legales y pago de costas.

Según consignaron en la resolución, quienes cuenten con datos sobre el paradero del prófugo pueden comunicarse a través de la línea gratuita 134, con garantía expresa de preservación de identidad.

El pago se efectuará en el Ministerio o en el lugar que designe la ministra Alejandra Monteoliva, previa evaluación del mérito de la información por parte del representante de la autoridad interviniente. La difusión de la medida quedó encomendada a la Dirección de Comunicación Institucional, con instrucciones de publicar el afiche oficial en medios escritos, radiales y televisivos de alcance nacional, así como en todas las fuerzas policiales y de seguridad federales.

El caso que originó la condena se remonta a marzo de 2005, cuando Anauati encabezó un grupo de policías bonaerenses que impulsaron una investigación criminal sustentada en datos falsamente incriminatorios contra otros funcionarios policiales y judiciales. Varios de ellos terminaron procesados y algunos, detenidos, según informó el medio bonaerense DIB.

La maniobra contó, en supuesta sintonía, con la actuación del entonces juez federal de Campana Federico Faggionato Márquez, hoy destituido, quien avanzó en pesquisas vinculadas con operaciones de contrabando y tráfico de estupefacientes. Esas investigaciones se derrumbaron posteriormente por la ilegalidad de su origen.

Junto a Anauati fue condenado Aníbal Fabio Bloise, otro ex efectivo de la fuerza bonaerense, por idénticos delitos y con la misma pena de 3 años y 9 meses de prisión de cumplimiento efectivo. La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de ambos, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación los desestimó por unanimidad en octubre de 2022, dejando firme la condena.

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