En la provincia de Chaco las cosas no andan del todo bien. Y eso lo demuestran los industriales, que pretenden que la emergencia laboral incluya a otros sectores productivos, ya que el gobierno provincial quiere declararla en la industria textil, donde el año pasado se perdieron unos 300 puestos de trabajo.

El caso chaqueño va en sintonía con el país: la Asociación Obrera Textil denunció que en los últimos tiempos esa actividad industrial sufrió más de 3.600 suspensiones y cerca de 1.500 despidos por el cierre de casi una decena de establecimientos fabriles.

La secretaria de Empleo y Trabajo, Liliana Spoljaric, exigió rever la apertura indiscriminada de importaciones de productos textiles para proteger el empleo. "Estamos en desventajas con respecto a las tarifas y el flete que encarece el costo de la materia prima. Con estas circunstancias hay que rever, principalmente en la industria textil, la apertura indiscriminada de productos terminados, no así de insumos que son necesarios para el funcionamiento de algunas industrias", siguió la funcionaria.

Sus palabras se suman a la decisión del presidente de la Unión Industrial del Chaco, Andrés Irigoyen, quien espera que la norma que declara la emergencia laboral en el sector textil se amplíe para sumar también a otras cadenas como la cárnica y la metalmecánica. "La industria la está pasando mal porque hay un Estado que la está poniendo en esta situación. No hay una política industrial", indicó Irigoyen.

Sus palabras se deben a que el gobierno chaqueño quiere declarar la emergencia laboral en el sector textil. En la propuesta legislativa, el primer paso es "establecer la emergencia laboral de la industria algodonera, textil, indumentaria y confecciones en el Chaco por el término de 180 días" por la pérdida, en el 2016, de unos 300 puestos de trabajo.