Diez policías de Rosario fueron llevados a audiencia imputativa este martes por haber realizado un allanamiento ilegal el 27 de mayo de 2024 en la zona norte de la ciudad, donde le dieron una paliza a un hombre de 42 años, al que luego rociaron con alcohol y prendieron fuego su rostro.

Los agentes fueron acusados por el fiscal provincial Pablo Socca por tentativa de homicidio, amenazas a testigos y falsificación del acta de procedimiento. Incluso se debatió públicamente si la calificación legal no debería ser tortura, teniendo en cuenta los tormentos a los que fue sometida la víctima, que quedó con lesiones irreversibles.

Ante el juez Rafael Coria, el fiscal imputó a David Zeballos, Omar Lorenzo Cabral, Maximiliano Ortiz, Juan José Feliciano González, Jesús Ángel Balais, Maximiliano Nicolás Cuevas, Germán Alexis Narvaja, Isaías Esteban Basualdo, Estela Ailén Berón y María Eugenia Núñez, todos integrantes en ese momento de la Policía de Acción Táctica. Salvo Núñez, que quedó bajo arresto domiciliario hasta mediados de agosto, todos quedaron en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

Según la teoría del caso, Zeballos, Cabral, González, Ortiz, Balais y Cuevas entraron en un domicilio situado en un pasillo de Larrechea al 1900 bajo el argumento de que allí se habían escondido un grupo de personas con una mochila "sospechosa". Fue allí que fueron aprehendidos tres hombres y un cuarto resultó gravemente lesionado. El acta policial indicó que el herido había querido prender fuego la mochila en el baño y se quemó solo por accidente.

La pericia de Bomberos y los testimonios recolectados derrumbaron la versión de los agentes, ya que el bolso no tenía rasguño alguno y las declaraciones tomadas dieron cuenta de que R. A. A. (de 42 años en ese momento) había sido atacado a golpes y tirado al suelo.

Fue en el piso que el suboficial Zeballos arrojó alcohol etílico en el rostro del hombre y lo prendió fuego con un encendedor. Pero ese no fue el único material que los comprometía con el hecho, ya que ellos mismos hablaron de lo ocurrido en un grupo de Whatsapp donde constantemente exponían información confidencial para cometer delitos en ese tipo de procedimientos.

La víctima corrió por distintos ambientes de su casa con la cabeza en llamas hasta que llegó al baño, donde se tiró la orina que estaba en el inodoro, lo que empeoró el cuadro porque generó una infección.

"Te la re mandaste", la mujer policía que estaba en el mismo operativo. Acto seguido, Zeballos y Cabral amenazaron a los tres demorados que estaban en el domicilio junto con R. A. A. "Fíjense lo que dicen de nosotros... yo... yo soy re sicario, yo robo, los mato a uds, soy más sicario más que cualquiera de acá, saben porque? porque yo soy policía y hago lo que quiero. Ustedes acuérdense lo que van a decir. Tienen que decir que el otro muchacho se prendió fuego porque ya sé dónde viven", dijeron ambos, de acuerdo a la alocución del fiscal en la audiencia.

Zeballos fue imputado por tentativa de homicidio triplemente calificado –ensañamiento, alevosía y abuso de sus funciones durante su ejercicio como personal policial– en carácter de autor, mientras que Cabral, González, Ortiz, Balais y Cuevas como partícipes primarios.

En el caso de Cabral y Zeballos también fueron acusados por falso testimonio, ya que el pasado 26 de junio fueron citados al Centro de Justicia Penal y ratificaron el acta falsificada.

Es por la presencia de Jesús Balais en ese procedimiento que el fiscal Socca admitió públicamente que el caso podría pasar de tentativa de homicidio a torturas con lesiones gravísimas. En primer término porque el hombre estuvo 40 días en terapia intensiva en estado crítico, intubado, traqueotomizado, con pérdida irreversible de la voz por la grave afectación a las cuerdas vocales y alteración respiratoria permanente. En segundo término, porque Balais está preso en Marcos Paz, donde purga una condena a 7 años por robar, torturar con una picana eléctrica y robar a un narco de la zona oeste de Rosario en un allanamiento ilegal de agosto de 2024.

Por su parte, los policías Narvaja, Basualdo y Berón, que arribaron al domicilio tras el ataque, tomaron conocimiento de lo que había pasado y no denunciaron el caso. Es por eso que el fiscal les atribuyó encubrimiento agravado, omisión de persecución penal e incumplimiento en los deberes de funcionario público.

El caso de María Eugenia Núñez es especial porque no participó en el procedimiento, no fue al lugar de los hechos, pero sí conoció lo que había pasado a través del grupo de Whatsapp que integraba con los otros agentes, hizo preguntas respecto de lo ocurrido y tampoco hizo la denuncia pertinente.

De hecho, es por una pregunta de Núñez en ese grupo que todo quedó bastante claro respecto a los roles. "¿Fue Z entonces el que lo prendió fuego", interrogó, a lo que Ortiz respondió "Sí, sí".