El Gobierno oficializó esta mañana 47 nuevas designaciones de jueces y fiscales federales que habían sido aprobados por el Senado a comienzos de mes. En esa sesión se movilizaron un total de 74 pliegos y el presidente Javier Milei ya había decretado 23 de esos pliegos en días anteriores. Quedan un total de cuatro pliegos de nombramientos por aprobarse, pero el Gobierno afirma que no los oficializará hasta nuevo aviso porque corresponden a "tribunales no habilitados".

La noticia de la gran cantidad de nombramientos se conoció esta madrugada con la publicación del Boletín Oficial, pero pasó desapercibido que el Ejecutivo decidió no nombrar a María Verónica Michelli, quien fue aprobada por el Senado como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata.

Eso fue objeto de controversia semanas atrás. Aunque el Presidente la había remitido al Senado y los bloques se aprestaban por votar su pliego, Milei optó por no firmar su nombramiento, una potestad constitucional que equivale a un veto tácito. En palabras de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, la exclusión de Michelli estuvo vinculada a su relación familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. Esta medida generó repercusión tanto en el ámbito judicial como en el Congreso, donde se interpretó como un mensaje político desde la Casa Rosada.

En ese marco, con el pasar de los días, el oficialismo diagramó otra versión para justificar ese veto de Milei. En diálogo con Radio Mitre, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, argumentó: "El cargo de la doctora Micheli es un tribunal que no está habilitado, como el de otros candidatos propuestos. Es un juzgado que todavía tiene que crear la corte. El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología. Es un proceso largo, hay varios tribunales y juzgados sin habilitar hace tiempo".

En el entorno de Mahiques afirman que esa misma decisión de no nombrar a Michelli como jueza también se aplicó para tres otros casos: el de Carlos Fabián Cuesta, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata; María Julia Sosa, Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata; y de Ana María Cristina Juan, Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham.

En ese mismo sentido se expresaron esta mañana desde el entorno del ministro de Justicia. "Insistimos en que no hay una discrecionalidad. Los únicos cuatro nombramientos que no salieron corresponden a tribunales que hacen falta que estén habilitados", afirman, ejemplificando nuevamente con el caso de Ana Juan, esposa del juez federal de Comodoro Py, Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene bajo su paraguas el desarrollo de la causa $LIBRA, la cual compromete a los hermanos Milei.

La prueba de fuego para determinar si se trata de un argumento aplicable al de Michelli o no será cuando se constituyan los tribunales a través de los mecanismos correspondientes, porque, en un principio, Milei no puso peros a los otros tres jueces designados pero sí a Michelli. Tampoco existe normativa por la cual se establezca que una designación no puede efectivizarse hasta la constitución misma del juzgado en cuestión. "Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará (el decreto de nombramiento). El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó", elaboró Mahiques en un principio.

Para argumentar su posición, en Justicia afirman que "también hay muchos decretos que están sin firmar desde hace años". Ponen como ejemplos tres casos particulares.

Uno es el de Martín Miguel Innocente, con acuerdo del Senado como Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Roque Saenz Peña (Chaco) en octubre de 2020. Su designación sigue pendiente. El mismo caso sucede con Zunilda Niremperger, Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Resistencia (Chaco). También está el caso de Luis Francisco Valencia, Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal (Salta).

En tanto, el presidente Javier Milei envió al Senado 21 nuevos pliegos de jueces y fiscales para cubrir vacantes en juzgados federales de distintos puntos del país, en una ofensiva que busca acelerar la política judicial del Gobierno antes de que cambie la actual relación de fuerzas en la Cámara alta. Con esta remisión, el Ministerio de Justicia ya acumula 170 pliegos desde el inicio de la gestión.

La decisión llegó el mismo día en que se oficializaron 47 nombramientos judiciales en el Boletín Oficial. Antes de viajar por tres días a España para participar de una conferencia, Milei firmó los decretos de designación de jueces, fiscales y defensores oficiales cuyos pliegos ya habían sido aprobados por el Senado. El nuevo paquete remitido a la Cámara alta no incluye cargos de Comodoro Py, aunque en el Gobierno aseguran que podría haber novedades en las próximas semanas. Ese movimiento coincide con el avance del Consejo de la Magistratura sobre algunos de los concursos más sensibles del Poder Judicial.