El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyó este viernes al Fiscal de Estado provincial a iniciar las acciones judiciales que correspondan para resguardar los derechos e intereses de la provincia frente a la eliminación de las restricciones nacionales para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
El fallo de la Corte deja a Misiones en situación de "desprotección y vulnerabilidad" y el DNU 70/23 "lesiona la integridad territorial" de su provincia, evaluó Hugo Passalacqua al dictar la medida. "No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido", agregó.
El efecto práctico de esta instrucción es que la Fiscalía de Estado se opondrá en caso de que exista una venta de tierra en zona de frontera misionera. Misiones es la primera provincia que toma una medida directa para evitar los efectos de la derogación de la ley de tierras que fija límites a la adquisición por parte de no residentes.
El Gobernador consideró que el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa "C.E.C.L.M." tuvo como consecuencia la "inmediata vigencia del artículo 154 del DNU N° 70/2023". Esto dejó a la provincia "en una situación de absoluta desprotección legal y vulnerabilidad institucional ante la libre adquisición de su territorio por parte de personas extranjeras".
Asimismo, sostuvo que la vigencia del DNU 70/23 "impacta de manera directa y lesiva sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de la Provincia".
Esto se debe a que altera de forma sustancial "las reglas normativas que rigen sectores estratégicos para el desarrollo provincial". Asimismo, "lesiona de forma directa la integridad territorial, el control de los recursos naturales, cuestiones de seguridad provincial y municipal, entre otras".
La provincia de la tierra colorada es el distrito con mayor porcentaje de áreas rurales en manos de extranjeros. Passalacqua explicó en X que tomó la decisión fiel a la postura que "siempre sostuvo en defensa del territorio y recursos naturales".
El mandatario señaló que su provincia tiene "el 90% de frontera internacional" con Brasil y Paraguay. Y también "una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro". "No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido. Cuidar la tierra misionera es un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente", sentenció.
El decreto 1935, dictado hoy, ordena al fiscal de Estado Eduardo Duarte "ejercitar, en las oportunidades y por las vías que resulten técnicamente más oportunas, las acciones y defensas que pudieran corresponder para hacer valer y defender los derechos e intereses del Estado Provincial que pudiesen encontrarse afectados o vulnerados por la derogación de la Ley 26.737 efectuada por el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023".
El máximo tribunal sin efecto un fallo que había frenado el DNU 70/2023 tras un pedido del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
La Corte consideró que la entidad que inició la acción legal carece de la legitimidad necesaria para cuestionar la norma en los tribunales, al no configurarse un caso o controversia judicial concreto.
Tras el escándalo por su decisión, los vocales del alto cuerpo emitieron un comunicado en el que informaron que en el caso se decidió "un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar; y se ajusta estrictamente a todos los precedentes de esta Corte Suprema".
"La sentencia no afecta a otras medidas cautelares que están en trámite con el mismo objeto y toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, puede peticionar una medida cautelar, que esta decisión no impide", resaltó.
