Por Luis Mendoza

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El asesinato de Micaela García conmocionó a todo el país y simultáneamente reactivó el debate en el Congreso sobre la sanción de una ley que impida las excarcelaciones para los autores de delitos graves. El proyecto de ley aprobado en Diputados el 23 de noviembre del año pasado había quedado pendiente de tratamiento en el Senado, pese a que el tema fue incluido por el Poder Ejecutivo en la convocatoria a sesiones extraordinarias.

Por lo pronto, el miércoles próximo habrá una reunión de senadores nacionales con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para debatir sobre la sanción de la norma. La funcionaria nacional se reunirá en el Salón Gris con jefes de los distintos bloques parlamentarios y después con senadores de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, para avanzar con el rápido tratamiento de la iniciativa, que fue aprobada por la Cámara de Diputados con amplio respaldo legislativo.

El proyecto de modificación de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad introduce cambios en la normativa con el propósito de prohibir la salida anticipada de la cárcel a los autores de delitos graves como “homicidio simple”, hechos “contra la integridad sexual” y la “privación de la libertad seguida de muerte”, entre otros.

El senador peronista Pedro Guastavino, presidente de la Comisión de Justicia, adelantó que en el plenario convocado originalmente para tratar el proyecto de ley sobre protección, derechos y garantías de las víctimas de delitos, se incluirá el debate para limitar las excarcelaciones.

Sobre la Ley de Ejecución de Penas señaló que la norma fue modificada en 2011. “Se estableció un régimen complementario de reinserción, que preveía que los condenados por estos delitos debían ser tratados por un equipo interdisciplinario estando presos y que un equipo especializado debía hacer un estudio previo para determinar la factibilidad de su libertad, sea condicional, domiciliaria u otra”, explicó.

Guastavino reconoció que las disposiciones de la ley “se cumplieron a medias” y que por distintas razones, “presupuestarias o lo que fuera, la Justicia no puede o no quiere avanzar en estos controles”.

Las distintas visiones sobre la política penal que debe tener el país se plasmaron durante el fin de semana con el duelo discursivo que protagonizaron el ex juez de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Zaffaroni, y el diputado bonaerense del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez, quien insistió en la necesidad de endurecer las condenas.

Delincuentes sexuales

Por su parte, el diputado nacional Diego Mestre, del radicalismo y del interbloque oficialista Cambiemos, pidió al Congreso que trate cuanto antes un proyecto de su autoría, que crea el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales (Renadese).

Explicó que “pretende dotar a la sociedad de información relacionada con los autores de delitos contra la integridad sexual”. Agregó que “el objetivo final es prevenir los delitos sexuales teniendo en cuenta la naturaleza psicológica de los delincuentes sexuales y la altísima tasa de reincidencia en dichos crímenes”.

Recordó que su proyecto fue presentado en 2015, pero que todavía espera ser tratado por la Cámara Baja y sostuvo que “estar informados ayudará a prevenir hechos como el de Micaela”.