El fiscal Guillermo Marijuan indicó sobre la cuestión que “Fernández no puede negar, bajo ningún punto de vista, los numerosos vínculos que demuestran su inexorable sociedad delictual con Lázaro Báez (...)” y “debió encargarse de que se mantuvieran en reserva todas las maniobras” de supuesto lavado, sostuvo el funcionario judicial.

El requerimiento del titular de la fiscalía federal número 9 fue presentado al juez federal Casanello, que en este expediente tomó nuevas indagatorias a los ya procesados Báez, el ex gestor financiero Fariña, el financista Elaskar, el dueño de la financiera SGI (conocida como “La Rosadita‘) Fernández; el propietario de la empresa privada de aviación Top Air, Zanzot, y el operador financiero Rossi.

Para Marijuan, la ex mandataria debe “dar explicaciones” a la Justicia federal “por su vínculo” con Báez, dado que “su aporte no sólo fue para decidir el negocio que disparaba los fondos estatales a manos de aquel, como se ha probado en las causas que tramitan en el fuero y se han explicado”.

“También (Fernández) debió encargarse de que se mantuvieran en reserva todas las maniobras”, indicó, y destacó “la incidencia del poder político de máximo nivel, que no hubo alertas de organismos oficiales nacionales -Banco Central de la República Argentina, Unidad de Información Financiera, Oficina Anticorrupción, etc.- ni tan siquiera del Banco de Santa Cruz”.

Marijuan subrayó que “a ningún funcionario público, a ningún organismo de control, ni tan siquiera a un escribano le resultó sospechoso que (Báez) un ex empleado bancario, apenas un simple monotributista, en pocos meses depositara millones de dólares por ventanilla, tuviera más de una decena de cajas de seguridad, movilizara exorbitantes sumas de dinero a través de sus cuentas, ni que adquiriera cientos de propiedades con importantes construcciones sin uso”.

“Ello, sin dudas, reitero, sólo puede entenderse como realizado al amparo del poder, de allí que Cristina Elisabet Fernández por su vínculo con el nombrado deba dar explicaciones y por tanto, prestar declaración indagatoria”, resumió el funcionario del Ministerio Público.

En el marco de esta causa, junto a Báez también están detenidos el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco.

Casanello ordenó 27 indagatorias luego de que Suiza informase que existen cuentas bancarias por 2,3 millones de dólares y euros en los bancos J. Safra y PKB Privatbank SA.

Según la acusación de la fiscalía, esas cuentas fueron usadas para sacar de la Argentina el dinero que se había recibido a través de la obra pública concedida a Austral Construcciones.

Los acusados fueron imputados como coautores y partícipes, en distintos grados, de lavado de activos, para el que se prevé una pena máxima de diez años de prisión.

El expediente cobró impulso con la aparición en enero de 2016 del video de seguridad grabado en la financiera SGI de Puerto Madero, donde se veía a varios de los procesados contando millones de dólares y euros.