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4 de noviembre de 2017

“Mi detención es ilegal y arbitraria"

Amado Boudou brindó su declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo, y en su descargo argumentó  "jamás obstaculicé ni obré de ninguna manera para trabar las investigaciones; lejos de ello, siempre aporté mi punto de vista y mi presencia a estado de derecho". En la nota, los detalles

El ex vicepresidente sostuvo que su detención fue “ilegal y arbitraria”, según consta en el acta de su declaración indagatoria. 

"Jamás obstaculicé ni obré de ninguna manera para trabar las investigaciones; lejos de ello, siempre aporté mi punto de vista y mi presencia a estado de derecho. La detención de la que fui objeto esta mañana es ilegal y arbitraria”, sostuvo. 

El ex vicepresidente, detenido por orden del juez Federal en el marco de una causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. 

Boudou también planteó la recusación del titular del juzgado federal 4 porque, a su criterio, perdió la “objetividad y la imparcialidad que es necesaria para llevar adelante tan importante magistratura”.

La indagatoria se llevó a cabo en el tercer piso de los tribunales federales de Comodoro Py, en medio de un fuerte operativo de seguridad que dejó bloqueado el hall central para evitar el acceso de los periodistas. 

La indagatoria se llevó a cabo en un clima “tenso”, según describieron quienes la presenciaron y se interrumpió un instante cuando ingresó el juez e intentó explicar los motivos de la detención. 

El magistrado pretendía aclarar que con la detención del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, la Cámara Federal porteña había esgrimido nuevos lineamientos para justificar las detenciones preventivas, pero Boudou le dijo que no hacía falta esa explicación. 

En el caso De Vido, la Cámara sostuvo que a la hora de examinar los riesgo procesales “no corresponde limitar el análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal”, sino que hay que evaluar si tuvieron poder o tienen vínculos con personas que pudieran ser de ayuda para eludir un proceso judicial. 

"El juez a cargo de este juzgado ha perdido objetividad y la imparcialidad que es necesaria para llevar adelante tan importante magistratura”, sostuvo luego Boudou para pedir su recusación. 

En el marco de su indagatoria, Boudou sostuvo que estaba sorprendido por el “cambio intempestivo” en el manejo de la causa y, según pudo reconstruir este medio, se lo atribuyó a las denuncias presentadas esta semana contra el juez Lijo en el Consejo de la Magistratura. 

Para el ex vicepresidente de Cristina Kirchner, Lijo decidió su detención luego de que lo acusaran de cajonear algunos expedientes contra funcionarios y ex funcionarios acusados por delitos de corrupción.
"Que no pretenda tapar con actos espectaculares las denuncias que hay en su contra”, sostuvo el ex vicepresidente en relación a las acusaciones conocidas estos días contra el juez Lijo. 

Lijo acusó a Boudou por el supuesto lavado de activos por 4.238.900 pesos y 995.000 dólares, en tres maniobras, una de ellas a través del blanqueo de capitales de la ley 26476 en el 2009 para “disimular la fuente real de los fondos”.

Además, le imputó la compra con fondos sin justificar de un departamento de Agustina Kampfer por 120 mil dólares y 80 mil dólares de su patrimonio cuyo origen tampoco encuentra explicación, según la resolución en la cual ordenó detenerlo.

Por los tres hechos, el fiscal federal Jorge Di Lello firmó el viernes último un requerimiento parcial de justificación de bienes que debía ser el paso previo a una citación a indagatoria.

Pero Lijo ordenó de manera directa las detenciones de Boudou y Núñez Carmona, concretó las citaciones de los restantes imputados, y argumentó riesgo de entorpecimiento de la investigación y de la posibilidad del Estado Nacional de recuperar los bienes que se entienden se obtuvieron de manera ilegal.

La causa por enriquecimiento ilícito contra Boudou se inició en el 2012 por una denuncia de un abogado particular y la pericia sobre sus bienes, realizada por peritos de la Corte Suprema, concluyó hace pocas semanas y tardó dos años. 



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