Por Luis Mendoza 
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En un plenario de comisiones, el

Senado

avanzó ayer con un proyecto unificado para modificar la Ley de Financiamiento Político, que apunta a formalizar el aporte de empresas privadas para campañas proselitistas y actividades partidarias. En una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto,

Cambiemos

y el bloque justicialista acordaron y dictaminaron sobre un proyecto consensuado, entre cinco iniciativas con estado parlamentario.

Por algunas diferencias, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales (cabecera), Dalmacio Mera, dispuso sobre el mediodía un cuarto intermedio para que los asesores terminaran de cerrar el acuerdo, hecho que se produjo en horas de la tarde. El proyecto establece "un modelo mixto por el cual los partidos políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus operaciones ordinarias y actividades electorales".

La iniciativa prevé un límite por persona física o jurídica del 5% del total de gastos permitidos a los partidos políticos, en tanto mantuvo las restricciones a las organizaciones sindicales y colegios profesionales. Para que la Justicia Electoral pueda seguir la trazabilidad de los fondos, se determinó que los aportes se puedan realizar solo a través de transferencias bancarias, cheques o por tarjetas de débito o crédito.

Asimismo, se acordó extender los plazos de campaña de 20 a 30 días para las elecciones primarias y de 25 a 35 en las generales. En el plenario de comisiones realizado en el Salón de las Provincias, los senadores escucharon una serie de exposiciones, entre ellas la del fiscal federal Jorge Di Lello. El funcionario sostuvo que el financiamiento debe ser público y que en esa línea de razonamiento, se deben "habilitar a las personas jurídicas".

El fiscal propuso que "haya una autoridad partidaria responsable o que se contrate a un contador" y sugirió ampliar la cantidad de auditores para un mayor control, además de establecer plazos para la rendición de cuentas ante la Justicia Electoral. También expusieron el coordinador del Área de Gobierno del Centro de Estudios Metropolitanos, Nicolás Tereschuk y los directivos del Instituto de la Democracia y Elecciones (Idemoe), Silvana Yazbek y Diego Gamba.