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JUDICIALES NACIONALES

18 de marzo de 2020

Ante la pandemia, la defensa de Boudou reclamó su excarcelación ante la Corte

El ex vicepresidente, condenado por el caso Ciccone, invocó entre las razones para exigir celeridad ante el avance del coronavirus.

El ex vicepresidente Amado Boudou, condenado por el caso Ciccone, reclamó que la Corte Suprema de Justicia de pronto despacho a la queja a través de la cual se planteó su excarcelación e invocó entre las razones para exigir celeridad ante el avance de la pandemia del coronavirus, informaron fuentes de su defensa.

El planteo fue formulado por los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort quienes indicaron como circunstancias nueva para reclamar celeridad “la emergencia sanitaria dispuesta por DNU 260/2020, la emergencia penitenciaria dispuesta por Resolución 6 184/2019 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación” y la última acordada de la propia Corte vinculada con la panedmia del coronavirus.

“Solicitamos la habilitación de días y horas para tramitar y hacer lugar a la queja de esta defensa en esa incidencia, para que con pronto despacho se lo excarcele, más allá de que en la instancia de origen puedan disponerse otras medidas de resguardo”, indicó el texto presentado por los defensores de Boudou.

El ex vicepresidente y también ex ministro de Economía se encuentra detenido en el penal de Ezeiza, en cumplimiento de la condena a una pena de 5 años y diez meses de prisión en la causa por la ex Ciccone Calcográfica por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, cuya revisión también fue planteada ante el máximo tribunal.

A fines de febrero, Peñafort y Rúa presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema para que, a la hora de revisar la condena confirmada por la Cámara de Casación Penal, se tenga en cuenta el presunto pago a un testigo para que declare contra su defendido.

Concretamente, Peñafort y Rúa se habían referido en el escrito a la denuncia de un pago millonario al testigo Alejandro Vandenbroele para que invirtiera en un hotel en Mendoza, con fondos del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Fuente: Télam

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