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DERECHOS HUMANOS

31 de marzo de 2021

La secretaría derechos humanos y géneros brindó detalles sobre la causa contra Sergio Alila acusado de abuso sexual

La abogada del caso solicitó ser apartada luego de recibir agresiones por parte de familiares del acusado, las cuales ya fueron debidamente denunciadas.

La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia interviene como querellante en la causa que se le sigue a Sergio Alila por supuestos delitos de abuso sexual agravado (Expediente Nº 9950/2020-1). Esta semana, se resolvió designar a Germán Dellamea, abogado del equipo de Litigio Estratégico, programa creado por Resolución 12/20 de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, como querellante en la causa, respondiendo al pedido de la anterior abogada Antonella Ramírez, que solicitó ser apartada.

La secretaria de Derechos Humanos y Géneros Silvana Pérez explicó que la abogada Antonella Ramírez fue víctima de situaciones de violencia y hostigamiento en el proceso de investigación de las denuncias por abuso sexual que tienen como acusado a Sergio Alila.
Dichas situaciones de violencia ya fueron debidamente denunciadas ante la Justicia y serán anexadas al expediente de la causa. Sin embargo, para salvaguardar su salud mental y física y de las denunciantes, Pérez atendió a la solicitud de Ramírez y resolvió apartarla de la causa.

Desde la detención de Sergio Alila, tanto la abogada, Antonella Ramírez, como las víctimas, que son menores de edad, recibieron toda clase de hostigamientos a través de las redes sociales y de líneas directa de mensajes por parte de personas que se habrían identificado como "allegados" a Sergio Alila.

Todas estas situaciones fueron debidamente denunciadas ante la Fiscalía de Investigaciones N.º 6 de Resistencia, donde también se encuentra radicada la denuncia por abuso sexual agravado contra menores de edad que tiene como acusado a Sergio Alila y que se encuentra en etapa de investigación preparatoria.

En ese sentido, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros recordó que la intimidación pública es un delito con penas establecidas en el Código Penal, artículo 211. Además instó a la comunidad y a los medios de comunicación a tratar con responsabilidad esta causa evitando las "vulneraciones" de derechos y respetando la intimidad de las víctimas.

La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia interviene como querellante en la causa que se le sigue a Sergio Alila por supuestos delitos de abuso sexual agravado (Expediente Nº 9950/2020-1). Esta semana, se resolvió designar a Germán Dellamea, abogado del equipo de Litigio Estratégico, programa creado por Resolución 12/20 de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, como querellante en la causa, respondiendo al pedido de la anterior abogada Antonella Ramírez, que solicitó ser apartada.

La secretaria de Derechos Humanos y Géneros Silvana Pérez explicó que la abogada Antonella Ramírez fue víctima de situaciones de violencia y hostigamiento en el proceso de investigación de las denuncias por abuso sexual que tienen como acusado a Sergio Alila.
Dichas situaciones de violencia ya fueron debidamente denunciadas ante la Justicia y serán anexadas al expediente de la causa. Sin embargo, para salvaguardar su salud mental y física y de las denunciantes, Pérez atendió a la solicitud de Ramírez y resolvió apartarla de la causa.

Desde la detención de Sergio Alila, tanto la abogada, Antonella Ramírez, como las víctimas, que son menores de edad, recibieron toda clase de hostigamientos a través de las redes sociales y de líneas directa de mensajes por parte de personas que se habrían identificado como "allegados" a Sergio Alila.

Todas estas situaciones fueron debidamente denunciadas ante la Fiscalía de Investigaciones N.º 6 de Resistencia, donde también se encuentra radicada la denuncia por abuso sexual agravado contra menores de edad que tiene como acusado a Sergio Alila y que se encuentra en etapa de investigación preparatoria.

En ese sentido, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros recordó que la intimidación pública es un delito con penas establecidas en el Código Penal, artículo 211. Además instó a la comunidad y a los medios de comunicación a tratar con responsabilidad esta causa evitando las "vulneraciones" de derechos y respetando la intimidad de las víctimas.

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