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1 de mayo de 2022

Las propuestas de elecciones anticipadas en Perú se evaporan casi al ser presentadas

Por Gonzalo Ruiz Tovar 01-05-2022 | 15:35

Desde que el presidente Pedro Castillo asumió en julio pasado, el accionar de la derecha radical le ha impedido, según opinión extendida, fijar líneas de gobierno. (Foto: AFP)

La posibilidad de anticipar para 2023 las elecciones generales de 2026 en Perú perdió precozmente viabilidad esta semana, después de que dos proyectos de ley en ese sentido quedaran sin fuerza en el Congreso apenas unas horas después de presentados.

El partido oficialista Perú Libre (PL), que había sorprendido al presentar una de esas iniciativas como salida para el estancamiento derivado de los choques entre el gobierno y el Congreso, lo retiró sin mayores explicaciones, a pesar de que entre los firmantes estaban varios líderes de primera línea de ese colectivo marxista leninista.

El impulsor de la iniciativa, Pasión Dávila, expresó interés de mantenerla a título personal, pero lo cierto es que la idea no ha tenido eco en la inmensa mayoría de sus colegas, como tampoco la de la parlamentaria Digna Calle, del partido centroderechista Podemos, que también apunta a celebrar los comicios el próximo año.

El politólogo Roger Santa Cruz estimó, en diálogo con Télam, que la posibilidad de que haya elecciones el año entrante perdió probabilidades precozmente, sin que se vislumbren alternativas claras para una problemática que además tiene como trasfondo el malestar de la ciudadanía contra toda la clase política.

Desde que el presidente Pedro Castillo asumió en julio, el accionar de la derecha radical le ha impedido, según opinión extendida, fijar líneas de gobierno, a lo que según expertos se suman errores gruesos del Ejecutivo en el ejercicio de liderazgo, la priorización de temas, la elección de funcionarios y la transparencia contra la corrupción.

La intención de esos partidos de derecha -Fuerza Popular (FP), Avanza País y Renovación Popular (RP)- ha sido desde el comienzo destituir a Castillo, e incluso lo han intentado formalmente en dos ocasiones sin éxito, pues no lograron conseguir los votos de 87 congresistas (de 130) que se necesitan.

A pesar de que la aprobación de la opinión pública al jefe del Estado ha estado en permanente declive, la idea de que sea destituido por el Congreso no genera entusiasmo popular, pues el Legislativo, según las encuestas, tiene igual o peor rechazo.

En ese marco, y ante la apariencia de que el presidente conserva aún las fidelidades suficientes para evitar que los opositores logren su objetivo en el Congreso, en diferentes sectores ha surgido, bajo la consigna de “que se vayan todos”, la idea de que se generen las condiciones para que ni Castillo ni los actuales congresistas sigan hasta 2026.

Esa idea, sin embargo, no tiene ni liderazgos, ni referentes claros, ni una agenda establecida o insinuada, por lo que los proyectos de Dávila y Calle, muy parecidos entre sí, fueron vistos en sectores de opinión como un paso concreto para que los comicios se celebren en marzo próximo y los elegidos se posesionen en julio.

Dávila, quien dentro de PL pertenece a un sector integrado básicamente por educadores que objetan al líder del partido, Vladimir Cerrón, respaldó su proyecto con el argumento de que la oposición impide el accionar de Castillo y, en ese marco, es necesaria una salida electoral.

La sorpresa llegó cuando el proyecto recibió la adhesión de otros ocho parlamentarios de PL, incluidos referentes de la línea fundacional del partido como Waldemar Cerrón y Silvana Robles, lo que convertía al documento en una propuesta de la bancada.

Cerrón, Robles y otros tres firmantes desistieron empero en las siguientes horas, con lo que la propuesta quedó en la práctica sin efecto, al margen del interés de Dávila por mantenerla a título personal o del anuncio de la centrista Susel Paredes de que la presentará con idéntica redacción.

Para Santa Cruz, la maniobra de PL resultó “extraña” y podría obedecer a “una estrategia del policía bueno y el policía malo”, en el que un sector se muestre proclive a atender las demandas ciudadanas y otro asuma posiciones más duras.

En medio del ruido generado por las dos iniciativas, los parlamentarios de FP, Avanza País y RP guardan silencio. La cautela también ha sido la respuesta de los partidos de centroderecha y centro que tienen el otro tercio de legisladores (los otros son del oficialismo y la derecha dura).

Ya en anteriores ocasiones, los impulsores de la destitución de Castillo han dicho que un posible cambio de presidente no implica el final anticipado del actual parlamento, a pesar de que las disposiciones constitucionales hablan de la necesidad en ese escenario de nuevas elecciones.

Parlamentarios de ultraderecha han sido explícitos en que si logran sacar a Castillo también intentarán deshacerse de la vicepresidenta Dina Boluarte, primera en la línea de sucesión, con lo que la jefatura del Estado quedaría en quien esté en ese momento en la presidencia del Congreso.

Para Santa Cruz y otros analistas, en ese contexto la posibilidad de unas elecciones generales anticipadas coloca a los actuales congresistas entre la espada y la pared frente a la opinión pública, pues si no aprueban esa salida se percibirá como que se aferran a sus puestos a pesar de los anticuerpos que generan.

“El problema es que el malestar es con toda la clase política”, indicó Santa Cruz, quien resaltó que incluso si se aprobara el anticipo de las elecciones, lo más probable es que el electorado se encontrará de nuevo, en los comicios supuestamente esperanzadores, frente a las mismas resistidas propuestas.

El experto en asuntos electorales Fernando Tuesta afirma que en ese marco es insuficiente pensar en nuevos comicios si no se introducen antes reformas políticas profundas. Lo malo es que tales reformas tendrían que pasar por el actual Congreso, que no ha mostrado disposición a hacerlas.

Para que las iniciativas de Dávila o de Calle por elecciones anticipadas prosperen, se necesita que al menos 66 congresistas las aprueben en dos votaciones diferentes. Hasta ahora, sin embargo, quienes se han mostrado dispuestos a acompañarlas no pasan de una decena.

A juicio de Santa Cruz, un revulsivo para el laberinto podrían ser los comicios de octubre, en los que se elegirán 25 gobernadores departamentales, 196 alcaldes provinciales y 1.694 alcaldes distritales, todos con sus consejeros y ediles, pues generarán “prácticas clientelares” que podrían cambiar en alguna forma el panorama.

En el entretanto, sin embargo, la cuestión es la lista de problemas que necesitan soluciones urgentes, entre los que están el costo de vida, el desempleo, las consecuencias de la pandemia, los estallidos sociales en torno a la producción minera y una anunciada crisis alimentaria. Etiquetas:
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