Por Mauro Federico

Además de formar parte de la mesa chica de un gobierno que atraviesa la mayor turbulencia política y económica desde que comenzó su gestión, el vicejefe de gabinete,

Mario Quintana

, enfrenta su propio calvario.

Mientras aguarda con impaciencia que la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia se expida en una causa en la que se debate si corresponde a la provincia de Buenos Aires o a la Nación regular ciertos aspectos de la actividad farmacéutica en territorio bonaerense, el secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete tiene a Comodoro Py examinando su real vinculación con la firma

Farmacity

SA, a la que, se sospecha, el funcionario pudo haber beneficiado durante su gestión pública.

Tras la imputación del fiscal Ramiro González, el juez federal Ariel Lijo procura establecer si cometió algún delito al mantener acciones en

Farmacity

que le dan control sobre la cadena farmacéutica, simultáneamente a ostentar un alto cargo en el gobierno.

El ministerio público pretende establecer si la empresa fue beneficiada con convenios con el

PAMI

desde la llegada del gobierno de Cambiemos. Pero además sospecha de posibles maniobras de adulteración con fines de sortear el impedimento judicial para que los locales de la firma se instalen en las ciudades de la provincia que gobierna María Eugenia Vidal.