El gobernador del Chaco, Domingo Peppo, se reunió con representantes de Pueblos Originarios de Miraflores con el objetivo es abordar la problemática de la distribución tierras en la localidad. Junto al presidente del Instituto de Colonización Walter Ferreyra, el gobernador expuso que se busca atender el reclamo de 10.000 hectáreas por parte de las comunidades de Miraflores, donde habría 26 casos de usurpaciones. 
“Son familias que han llevado adelante un proceso de ocupación de terrenos en distintas situaciones legales”, explicó Peppo y agregó que “hay predisposición en buscar un camino y generar un camino de regularización”. 
Peppo detalló que a partir de estas usurpaciones “se generó una preocupación del intendente y de las comunidades y por tal motivo se llevó adelante un proceso de negociación y diálogo para darle una salida definitiva y generar un protocolo de intervención para todos tipos de situaciones similares”. 
Anteriormente autoridades de la Legislatura provincial, la Justicia y el Ejecutivo, tanto provincial como municipal tuvieron una reunión con este sector para tratar la problemática. “Se ha conformado una mesa de trabajo interdisciplinario que llevará a cabo la mediación y negociación. Yo solicité como condición que cesen los procesos de usurpación”, manifestó el primer mandatario. 
Por último, Peppo aseguró que con el Instituto de Colonización se presentó el estado actual de esas tierras, y se comprometió a buscar una alternativa de terreno en la zona para las familias. 
 
Atender el reclamo de los pueblos originarios 
Por su parte, el presidente del Instituto de Colonización Walter Ferreyra, sostuvo que para comenzar a destrabar el conflicto de las usurpaciones “se debe hacer una revisión administrativa por los títulos de propiedad entregados y contar con la predisposición de los involucrados”. 
“Es un reclamo histórico, de 10 mil hectáreas, 9 mil pertenecen de las comunidades indígenas que cuentan con títulos comunitarios y 100 manzanas de Miraflores de la comunidad criolla”, explicó y agregó que el problema “se originó desde que las tierras eran territorio nacional, por lo tanto, no es tan fácil llegar a una solución porque hay títulos de propiedad que avalan a los dueños”. 
Asimismo, Ferreyra remarcó que “existen 26 causas judiciales abiertas y 500 familias afectadas por lo cual el Estado decidió mediar para darle una solución y atender el reclamo de las comunidades originarias”. 
“La complejidad es enorme, debemos llegar a un acuerdo judicial sin obstruir las causas, para ellos conformamos esta Mesa con representantes de cada poder para resolver el problema y tenemos la esperanza que así se hará”.