>Mientras se discute en el Consejo de Mayo una Predomina el hermetismo en la Casa Rosada respecto al texto que se elabora para su tratamiento legislativo, aunque en las últimas semanas trascendieron algunas de las alternativas que están en análisis. Entre ellas, se encuentran:

Las empresas también presentan reclamos propios, basados en sus observaciones diarias sobre la situación actual.
Como diagnóstico, Esteban Mancuso, coordinador de asuntos laborales de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), dijo a Infobae: “Hoy en día no estamos siendo competitivos a nivel regional. Apuntamos a que la reforma favorezca un mercado laboral más digno y, al mismo tiempo, una Mancuso subrayó el peso de los costos laborales no salariales: “Mientras un comerciante no registra a sus empleados, aquel que sí lo hace afronta un costo total de $150 por cada $100 que paga en sueldos”.
También remarcó la En la CAC advierten que existen problemas desde la registración inicial hasta la finalización de la relación laboral. Uno de los inconvenientes es la doble imposición.

“En muchos casos la burocracia aparece fuera del ámbito nacional, generando duplicaciones innecesarias con un único fin: recaudar con las multas”, agregó.

No obstante, Mancuso aseguró que en ocasiones ese rol de control se desvirtúa, y algunos exigen registraciones indebidas, cuando en realidad su potestad es fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente, no imponer nuevas obligaciones.

En relación a los Sobre la iniciativa de En cuanto a los convenios por empresa, la CAC cree que no benefician a las pymes, ya que su capacidad de negociación es menor respecto a las grandes firmas, lo que podría derivar en obstáculos para conseguir mano de obra calificada.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), afirmaron: “Proponemos una reforma que reduzca los costos monetarios vinculados al salario. Incluye una revisión de los aportes patronales y una serie de modificaciones orientadas a bajar la carga judicial para el empleador”.

También se impulsa la definición de tarifas para los honorarios de los peritos y la creación de un cuerpo de peritos oficiales, así como la implementación de una única tasa bancaria para los juicios laborales en todo el país.

Por otra parte, CAME pide la creación de un centro de control de licencias obligatorias y un ajuste del mínimo no imponible por trabajador para la liquidación del formulario 931 de cargas sociales. “El monto -$7.003,68- quedó congelado desde diciembre de 2019 por la Ley de Emergencia Económica del gobierno de Alberto Fernández. De esta manera, el pago sería menor >En tanto, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, sostuvo: “La reforma laboral es muy importante, pero debemos activar la industria para que la reforma tenga lógica. El proyecto del El industrial destacó la necesidad de “generar condiciones para la competitividad de las Pymes”, pero aclaró que “los constantes aumentos de costos ponen a las fábricas cada vez más lejos de venderle al mundo y de competir”.

“De mantenerse esta situación, habrá que pensar en medidas para frenar las cataratas de conflictos laborales por despidos, más que en contratar. El Estado debe trabajar junto al Congreso para definir rápidamente cómo recuperamos la economía real a través del trabajo y la producción. El diálogo y el consenso son las bases para la transformación productiva en la Argentina, que hoy sólo beneficia a algunos pocos”, remarcó.

Fuente: telam