>Siria abrió este martes en el Palacio de Justicia de Alepo el primer juicio contra sospechosos vinculados a la ola de violencia sectaria registrada en marzo, un estallido que dejó cerca de 1.500 muertos —en su mayoría civiles alauitas— y que se convirtió en la peor matanza desde la caída del ex dictador Bashar al-Assad en diciembre de 2024. Para el gobierno interino del presidente Ahmad al-Sharaa, el proceso representa un hito en su compromiso con la rendición de cuentas tras décadas de autoritarismo.

Un funcionario explicó que se trata de solo una parte de los más de 560 sospechosos remitidos a los tribunales tras una investigación gubernamental de varios meses. El fiscal general presentó cargos contra unas 300 personas vinculadas a facciones armadas afiliadas al ejército y contra unas 265 pertenecientes a grupos paramilitares de la era Assad

La ola de sangre se desencadenó cuando grupos armados afines a Assad emboscaron a fuerzas del nuevo gobierno. La contraofensiva posterior derivó en ataques de venganza contra comunidades alauitas de la costa —minoría a la que pertenece el ex dictador—, dejando cientos de muertos.

Pese a ello, la comisión oficial no halló pruebas de que el gobierno interino hubiera ordenado ataques contra civiles alauitas. La ONU, sin embargo, llegó a conclusiones más severas y determinó en agosto que la violencia cometida por facciones vinculadas al nuevo gobierno y por grupos leales a Assad fue “generalizada y sistemática”. El organismo documentó que, durante los allanamientos, se les preguntaba a los civiles “si eran sunitas o alauitas”, y que luego hombres y menores alauitas eran apartados y asesinados.