Las organizaciones SiPreBA, FATPREN y ARGRA hablaron de una “normalización” del uso de máscaras de gas y los ataques directos de las fuerzas de seguridad, citando las graves heridas sufridas por el fotógrafo Pablo Grillo y el desmantelamiento de la agencia pública Télam. Amnistía Internacional y referentes como Julia Mengolini sumaron testimonios sobre campañas de odio amplificadas por el presidente y un ensañamiento particular contra las mujeres periodistas. Mengolini denunció: “El Presidente usa el poder del Estado para perseguir y silenciar con campañas de odio, para instalar enemigos y construir mentiras. Publicó en las redes cien mensajes en mi contra en cuatro días y usó el poder penal para perseguirme”.

En representación del Estado nacional, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Julio Baños, rechazó la existencia de restricciones a la libertad de prensa y sostuvo que no se han tomado “medidas regresivas”. Baños afirmó que las denuncias de agresiones en marchas corresponden a “hechos aislados” y no a una persecución deliberada, y agregó: “El uso de la fuerza está regulado y la actividad periodística está protegida”. Además, cuestionó que las presentaciones de las organizaciones excedían el objeto de la audiencia y defendió la realización de conferencias de prensa y la respuesta a los pedidos de acceso a la información pública.

“Si no derivamos de una audiencia temática a pretender poner de rodillas al Estado argentino defendiendo políticas de cualquier tinte que se trate. Y también tener en cuenta que a algunos puede no gustarles determinadas políticas que lleva adelante la gestión actual, lo que no significa que necesariamente tenga que salir a buscar la protección de la Comisión Interamericana, porque no están conculcados derechos humanos como se pretende hacer ver en forma masiva en la República Argentina. Solamente se defienden los derechos humanos en forma horizontal para todos los habitantes de la Nación”, consideró el funcionario del Gobierno.

El presidente de la CIDH, José Luis Caballero, remarcó la importancia de atender la situación de la libertad de expresión en Argentina y recordó los pronunciamientos previos del organismo. Caballero expresó el interés de la Comisión en realizar una visita formal al país para un seguimiento exhaustivo del tema: “Estamos interesados en hacer una visita”, afirmó, reivindicando los aportes históricos de Argentina en la construcción del sistema interamericano de derechos humanos.

FOPEA y Poder Ciudadano formalizaron ante la Comisión una serie de solicitudes concretas: la realización de una misión oficial del Relator Especial para la Libertad de Expresión, la elaboración de un informe exhaustivo de país, la derogación del Decreto 780/2024 por restringir la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, la creación de un Observatorio Permanente sobre la situación de la libertad de expresión, el apoyo para activar el acuerdo vigente entre la Corte Interamericana y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la elaboración de un protocolo que garantice el litigio sin costos económicos en casos de reclamos por acceso a la información pública.

Fuente: telam