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23/11/2025

La presión tributaria de las pymes duplica la de las empresas beneficiarias del RIGI

Fuente: telam

Un estudio privado advierte que la carga fiscal efectiva de las pequeñas y medianas empresas alcanza el 45%, frente al 20% o 25% que tributan los grandes proyectos beneficiados por el nuevo régimen oficial.

>Un reciente informe elaborado por la consultora Focus Market pone de manifiesto la profunda disparidad fiscal y operativa que divide actualmente a la economía argentina. El relevamiento expone la brecha existente entre las grandes compañías que acceden al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). El dato más contundente que arroja el estudio es la diferencia en la carga impositiva: la presión fiscal efectiva que recae sobre el sector pyme se ubica en torno al 45%, mientras que los proyectos amparados bajo el nuevo régimen de promoción gozan de una carga significativamente menor, que oscila entre el 20% y el 25%.

Al respecto, Damián Di Pace, director de Focus Market, recordó que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones se consolidó como una de las estrategias del gobierno para reactivar la economía a través de la llegada de capitales extranjeros. Según el analista, presentado como un motor de arranque para la inversión, el régimen ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales, con estabilidad normativa garantizada por 30 años. Di Pace agregó que la meta es atraer proyectos de gran envergadura, en sectores intensivos en capital y de largo plazo, donde la previsibilidad resulta clave para decidir inversiones, aunque advirtió que el gran desafío ahora es cómo lograr el crecimiento de la inversión privada local.

La comparación con la realidad de las pymes, responsables de más del 60% del empleo formal en el país, revela desventajas estructurales. El informe detalla que una empresa fuera del régimen debe afrontar una alícuota del 35% en el Impuesto a las Ganancias, diez puntos porcentuales por encima de las beneficiarias del RIGI. La diferencia se profundiza en el comercio exterior: mientras el régimen de fomento exime el pago de derechos de importación, las pymes deben abonar aranceles habituales que varían entre el 7% y el 14% en promedio según el producto.

La situación se repite en los derechos de exportación. El esquema para grandes inversiones prevé exenciones totales a partir de los dos o tres años de iniciado el proyecto, mientras que el resto de las compañías tributa un promedio del 8% al 12%. Asimismo, el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) marca otra distinción relevante: el RIGI permite la cancelación mediante Certificados de Crédito Fiscal, un mecanismo mucho más ágil que los complejos regímenes de saldo a favor, IVA diferido o reintegros que deben gestionar las empresas locales.

Uno de los puntos más críticos señalados en el estudio es la estabilidad normativa. Los proyectos RIGI cuentan con una garantía de estabilidad por 30 años, lo que blinda sus operaciones frente a cambios políticos o económicos futuros. En la vereda opuesta, las pymes operan bajo una alta volatilidad regulatoria y una burocracia extensa. Según los datos recopilados por la consultora, abrir una empresa en Argentina requiere un promedio de 4.496 horas, y mantener la operación dentro de la formalidad demanda otras 2.156 horas al año, cifras que ubican al país en uno de los niveles más altos de complejidad administrativa de toda Latinoamérica.

El informe también aborda las dificultades de financiamiento y los costos operativos que enfrentan las empresas nacionales. En lo que va de 2025, unas 62.116 pymes lograron acceder a créditos respaldados por Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y fondos públicos. Si bien esto representa un avance, el número resulta insuficiente frente a un universo total de más de 600.000 firmas registradas. Además, el 77% de las empresas que acceden a estas herramientas son microempresas. Por el contrario, los beneficiarios del RIGI acceden a financiamiento directo de capital externo sin las restricciones del mercado local.

En el plano de los costos, la energía industrial también juega en contra de la competitividad local, con una tarifa promedio de 96 dólares por MWh, manteniéndose por encima de los niveles más competitivos de la región. A esto se suma la presión sindical y la rigidez de los convenios colectivos de trabajo, que agregan complejidad a la gestión diaria. El estudio subraya además que las pymes poseen una alta dependencia de insumos importados y enfrentan un acceso a divisas condicionado por declaraciones juradas, plazos y regulaciones del Banco Central, mientras que el RIGI garantiza la libre disponibilidad y liquidación de divisas.

El contraste evidencia que las pequeñas y medianas empresas se encuentran en una desventaja estructural que limita su capacidad de crecimiento. Este desequilibrio plantea la necesidad urgente de pensar en un esquema de incentivos equivalente para medianas y pequeñas empresas, que permita canalizar recursos hacia el sector productivo local y fortalecer el entramado laboral existente.

Ante este escenario, el informe plantea la necesidad de avanzar en un esquema de incentivos para las empresas locales. La discusión sobre un “RIGI PyME” ya tiene antecedentes en el proyecto de ley RIMI, presentado en noviembre de 2024 bajo la iniciativa de Promoción de Inversiones y Empleo. Esta propuesta contempla inversiones desde 150.000 dólares para microempresas hasta 30 millones de dólares para medianas y grandes, ofreciendo beneficios como amortización acelerada y devolución anticipada de IVA. Sin embargo, el proyecto aún no ha sido tratado en la Cámara de Diputados, prolongando la desigualdad de condiciones.

El tercer pilar se centra en el acceso real al crédito, ampliando líneas en moneda local y extranjera para reducir la dependencia de recursos propios. Como cuarto punto, se sugieren beneficios por reinversión, que incluyan la exención o diferimiento del impuesto a las ganancias sobre utilidades reinvertidas en capital productivo o innovación. El quinto eje apunta a los incentivos para exportar y encadenar con proveedores locales, mediante la desgravación temporal de exportaciones y beneficios para quienes provean a los grandes proyectos. Finalmente, se incluye el apoyo a la transición digital y capacitación mediante créditos fiscales.

El potencial económico de implementar estas medidas es significativo. Se estima que el ahorro privado en Argentina, situado fuera del sistema financiero formal en depósitos y efectivo, supera los 250.000 millones de dólares. Según la consultora, captar apenas entre el 5% y el 10% de esos fondos mediante los incentivos correctos podría volcar entre 12.000 y 25.000 millones de dólares a la inversión productiva local, generando empleo formal y competitividad genuina.

Para finalizar, Di Pace concluyó que la experiencia del RIGI demuestra que los incentivos bien diseñados funcionan y que el desafío pendiente es trasladar esta lógica a las PyMEs locales, transformando la desigualdad en oportunidad y el ahorro privado inactivo en un motor de crecimiento económico real y sostenible.

Fuente: telam

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