El núcleo de esta red lo componen petroleros antiguos, muchos de ellos adquiridos cuando estaban próximos al desguace y transferidos a sociedades registradas en jurisdicciones de baja transparencia. Estos buques navegan bajo banderas de conveniencia, con propietarios difíciles de identificar y seguros emitidos por compañías fuera del alcance regulatorio europeo o estadounidense.

Las prácticas de evasión están bien documentadas. Los petroleros apagan de forma recurrente sus sistemas de identificación automática para ocultar rutas y escalas, cambian de nombre y pabellón con frecuencia, y realizan transbordos de crudo de buque a buque en alta mar. Estas operaciones buscan diluir el rastro del petróleo ruso antes de su llegada a destino y se llevan a cabo lejos de puertos sometidos a inspección.

En los últimos meses, esta flota fantasma ha comenzado además a quedar expuesta a un nuevo tipo de presión. Ucrania ha llevado el pulso contra las exportaciones energéticas rusas a un terreno más directo, La flota en la sombra no funciona de manera aislada. A su alrededor se ha consolidado una red de intermediarios financieros, traders y navieras que sustituyeron a las grandes comercializadoras occidentales tras su retirada del mercado ruso. Nuevas compañías con sede en centros como Dubái, Singapur o Hong Kong asumieron la comercialización del crudo, muchas veces dirigidas por empresarios con vínculos previos a las petroleras estatales rusas.

Este ecosistema ha permitido a Moscú sostener un flujo constante de ingresos energéticos en plena guerra. Aunque el crudo se vende con descuento, los volúmenes exportados siguen siendo suficientes para alimentar las arcas del Estado y financiar el esfuerzo militar sin provocar un colapso macroeconómico. Para el Kremlin, la flota en la sombra se ha convertido en un instrumento estratégico que reduce la vulnerabilidad frente a las sanciones y preserva una fuente clave de divisas.

En respuesta, la Unión Europea ha intensificado su ofensiva sancionadora. En los últimos paquetes ha incluido a comerciantes, directivos y empresas acusados de facilitar el transporte de petróleo ruso mediante prácticas de ocultamiento del origen del crudo. Las medidas implican congelación de activos, prohibiciones de viaje y la exclusión total del mercado europeo.

Algunos Estados miembros, como Francia, han ido más allá y defienden inspecciones, retenciones e incluso inmovilizaciones de buques sospechosos en aguas europeas. La lógica es clara: interrumpir el funcionamiento de la flota, aunque sea de forma puntual, obliga a reorganizar rutas, asumir riesgos legales y encarecer el negocio.

Fuente: telam