>El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, rechazó hoy el pedido de la diputada porteña Graciela Ocaña para designar veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio “Chiqui” Tapia, y en la Liga Profesional de Fútbol.

En el escrito presentado, Ocaña pidió a la IGJ que tomara cartas en el asunto con el argumento de que la veeduría no afectaría la relación entre la AFA y la FIFA, ni perjudicaría a la Selección Nacional ni a los clubes.

“Las funciones que se le asignen a ese veedor sólo serían un impedimento para que la AFA delinca o viole la ley, como lo habría hecho hasta ahora a tenor de las investigaciones y las pruebas que están siendo obtenidas por la Justicia en diversos procesos”, planteó la legisladora en el documento al que accedió este medio. El mismo pedido se extendió a la estructura de la Liga Profesional del Fútbol.

Otro de los puntos clave expuestos por la IGJ en su pronunciamiento es que no posee competencia para ordenar una intervención administrativa —ni siquiera en grado de veeduría— sobre asociaciones civiles como la AFA y la Superliga. El organismo aclaró que esas atribuciones recaen exclusivamente en el Ministerio de Justicia. En la documentación oficial se detalla: “La IGJ no es competente para disponer una intervención administrativa (aún en grado de veeduría) en asociaciones civiles como son la AFA y la Superliga, sino que ello es resorte exclusivo del Ministerio de Justicia”.

La IGJ agregó que “momentáneamente no están dadas las condiciones para una veeduría” y subrayó que tampoco tiene facultades para solicitar una veeduría con los alcances reclamados por Ocaña, puesto que el pedido fue calificado como “absolutamente genérico” y sin referencia a hechos concretos que pudieran dar lugar a la intervención de un veedor informante. De acuerdo a la resolución, la solicitud de la diputada no se vincula a cuestiones específicas, sino a un control global sobre la regularidad de las entidades, algo que excede las competencias del organismo.

La resolución oficial de la IGJ deja en claro que cualquier medida de fiscalización extraordinaria sobre la AFA y la Superliga deberá esperar la finalización de los procedimientos administrativos en marcha. Una vez que las entidades respondan a los requerimientos, el organismo analizará los próximos pasos, aunque la competencia para intervenir de manera directa recae en otras instancias del Ministerio de Justicia.

Fuente: telam