16/01/2026
YPF: Burford busca que el país entre en desacato y pague sanciones e intereses extras por unos USD 4 millones por día
Fuente: telam
El fondo inglés intenta cobrar el fallo favorable de primera instancia por la expropiación de la petrolera que ya suma unos USD 18.000 millones. Por eso interpone otras demandas ante la jueza Preska
>Burford Capital, el principal beneficiario de la condena en primera instancia contra Argentina por haber expropiado mal a YPF en 2012, exigió que el país pague USD 1 millón por día porque creen que no acató debidamente las órdenes de la jueza Loretta Preska, quien está al frente de esta larguísima causa.
No solo eso. El pedido de multa aumentaría una deuda que ya resulta impagable para el país. Hace dos años, Preska condenó a la Argentina a desembolsar un resarcimiento de USD 16.000 millones por haber expropiado la petrolera de manera indebida. Ese monto está “vivo” y se acerca a los USD 18.000 millones. Es que mientras la causa sigue abierta, la jueza fijó intereses de 5,42% anual y que generan un extra diario de unos USD 3 millones, a esta fecha un total que ronda los USD 3.000 millones sólo de intereses post fallo.
Así, si la magistrada llegara a aceptar el último pedido de este estudio de abogados inglés, al que no pocos comparan con un “fondo buitre” por su estrategia de comprar activos baratos –en este caso, el derecho a litigar en esta demanda contra el Estado– y financiar el juicio por años con el objetivo de multiplicar esa cifra con un fallo favorable, el país pagaría en conceptos de penalidades e intereses por esta juicio, unos USD 4 millones extra por día.Pero como las sentencias en EEUU pueden ejecutarse mientras corre la apelación, Burford interpuso varios recursos para cobrar a como dé lugar. Por caso, quedarse con las acciones que el Estado tiene en la petrolera (51%) o demostrar que el Gobierno argentino y la empresa son lo mismo (alter ego). En el contexto de este último punto pidió información de chats y WhatsApps de funcionarios como Sergio Massa y Luis Caputo. Y como dice que Argentina no entregó suficientes datos, ahora pide sanciones y que se la declare en desacato.
Así, el país debería pagar USD 1 millón cifra extra diario mientras mantenga el incumplimiento de la orden y no entregue las comunicaciones requeridas. Solicitan además que el Estado asuma la totalidad de los costos y honorarios legales derivados de este reclamo.
Como alternativa, si Argentina sostiene que es imposible cumplir la orden, los demandantes exigen la celebración de una audiencia probatoria en la que los funcionarios involucrados deban comparecer ante la jueza para explicar personalmente la ausencia de la documentación solicitada. Añaden que la negativa reiterada a entregar la información refuerza el pedido de presunciones judiciales desfavorables, que podrían impactar directamente en el resultado final del litigio.



