El diagnóstico en LLA se endureció tras el episodio que rompió los puentes con el peronismo provincial. La reciente aprobación del endeudamiento bonaerense —obtenida a través de acuerdos cruzados en Diputados y en el Senado, con concesiones de cargos en el Banco Provincia y una serie de beneficios y canonjías para conseguir los votos necesarios— dejó una marca profunda. Fuentes libertarias indicaron a Infobae que, a partir de ese momento, se tomó una decisión política tajante: durante los próximos dos años no habrá negociación de ningún tipo con el peronismo.

En ese marco se inscribe también la insistencia con la Boleta Única de Papel. En La Libertad Avanza saben que hoy no cuentan con los votos para aprobarla en la provincia. Aun así, la impulsan. No porque crean que prosperará en el corto plazo, sino porque entienden que cada derrota legislativa expone la resistencia del sistema al cambio. La lógica es concreta: perder en el recinto y ganar en el debate público.

Actualmente, la provincia de Buenos Aires tiene un sistema bicameral: una Cámara de Diputados y un Senado, con 92 diputados y 46 senadores. Dos cámaras, dos circuitos de comisiones, dos instancias de negociación, dos estructuras administrativas completas. Para los libertarios, ese esquema no solo es costoso: resulta funcional a la reproducción del poder político. La propuesta en discusión es avanzar hacia una Legislatura unicameral, siguiendo el antecedente de Córdoba, que en 2001 reformó su Constitución y eliminó el bicameralismo.

Otro eje conecta directamente con el ADN ideológico del espacio. Reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada ocupa un lugar central en el borrador conceptual que manejan las fuentes libertarias. Para La Libertad Avanza, la propiedad no es un derecho más dentro de un catálogo: es el pilar que estructura el resto del sistema. Blindarla constitucionalmente implica protegerla de expropiaciones arbitrarias, regulaciones discrecionales y avances fiscales que, en su narrativa, terminan licuando el derecho a producir, invertir y ahorrar.

La discusión sobre seguridad incluye otro elemento sensible: la eliminación de las policías comunales. Según fuentes partidarias consultadas por Infobae, la evaluación libertaria es que esas estructuras generaron superposición de funciones, duplicación de costos y cadenas de mando difusas. El objetivo no es reducir la seguridad, sino concentrarla, ordenar responsabilidades y evitar lo que describen como un entramado ineficiente que termina siendo funcional a la política local antes que a la prevención del delito.

El capítulo del achicamiento y la modernización del Estado atraviesa toda la propuesta, pero no se restringe a una lógica de recorte presupuestario. Según explicaron a Infobae fuentes libertarias involucradas en las discusiones preliminares, la intención es reordenar integralmente el sistema institucional bonaerense y devolverle una organicidad que hoy no exhibe. La crítica apunta tanto al tamaño del Estado como a su diseño.

En ese diagnóstico aparece otro caso emblemático: el IOMA, la obra social del Estado bonaerense. En La Libertad Avanza la describen como un ejemplo extremo de crisis sistémica y crónica, con déficit persistente en las prestaciones, una deuda acumulada de enorme magnitud y un funcionamiento que, según advierten, expone al organismo al riesgo de una virtual quiebra. Para los libertarios, el problema no es solo de administración coyuntural, sino de diseño estructural y de ausencia de controles efectivos sobre los grandes entes provinciales.

La Justicia también entra en esa revisión. Las fuentes libertarias hablan de ordenar el sistema judicial, de establecer un marco de certeza constitucional sobre los límites penales y de garantizar independencia presupuestaria, sin caer —aclaran— en una Constitución excesivamente reglamentarista. La consigna que sintetiza este punto es conocida: “el que las hace, las paga”. Pero detrás de esa frase existe una intención más amplia: reducir la discrecionalidad, acotar interpretaciones expansivas y fortalecer la previsibilidad jurídica.

El espíritu de toda esta iniciativa quedó condensado en una frase que Pareja pronunció la semana pasada en una reunión con dirigentes libertarios. Infobae pudo reconstruir esas palabras, que circulan como síntesis del proyecto: “Durante años nos dijeron que la Provincia de Buenos Aires era inviable, pero los que repetían eso fueron los mismos que se beneficiaban de un sistema que nunca quisieron cambiar. La Libertad Avanza llegó para romper ese sistema y construir uno nuevo con reformas de raíz, achicando un Estado parasitario que se sostiene exprimiendo a la gente para financiar a la política”.

La reforma constitucional, además, no se presentará como un ejercicio académico, sino como una bandera de campaña. En el esquema libertario, el proyecto formará parte del discurso de los eventuales candidatos a gobernador en 2027. Hoy, en esa carrera figuran Pareja, el ministro del Interior Diego Santilli, y el futuro titular de la Agencia Nacional de Seguridad Migratoria, Diego Valenzuela. En el espacio no descartan, además, la irrupción de algún “tapado”, si el escenario político lo exige.

Llevar esa ambición al terreno de los hechos no será sencillo. La Constitución bonaerense exige un procedimiento riguroso para su reforma. Cualquier modificación requiere, en primer lugar, que la Legislatura declare la necesidad de la reforma con mayorías agravadas. Esa declaración debe definir el alcance —total o parcial— y, en la práctica, suele derivar en una instancia de ratificación popular, ya sea mediante consulta o convención constituyente.

Allí reside el verdadero desafío. Las fuerzas del statu quo —el entramado político, sindical, territorial y burocrático que gobierna la provincia desde hace décadas— carecen de incentivos para modificar las reglas. Todo lo contrario: su supervivencia depende, en gran medida, de que nada cambie. La reforma constitucional, en ese sentido, no es solo un proyecto institucional. Es una confrontación directa con ese bloque de poder.

Fuente: telam