En ese sentido, más temprano, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, afirmó que el Gobierno provincial comparte “las necesidades y los problemas del personal de la policía de Santa Fe” y remarcó que se trata de un reclamo “legítimo, atendible, casi en su totalidad”. Sin embargo, sostuvo que a partir de la medianoche “se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar acciones violentas, antijurídicas”, con el objetivo de “desestabilizar el despliegue preventivo”.

Cococcioni señaló que estas conductas derivaron en la apertura de actuaciones administrativas y que el jefe de Policía de la provincia inició los procedimientos correspondientes con el respaldo del Ministerio. “Tenemos cerca de no menos de veinte funcionarios policiales que están siendo pasados a disponibilidad, con retiro de arma y retiro de chaleco antibala”, afirmó. También indicó que el Gobierno coordinó acciones con el Ministerio Público de la Acusación para investigar “posibles ilícitos penales” tanto de funcionarios policiales como de “grupos marginales y desplazados” de la fuerza.

A las cuestiones salariales se suman reclamos por condiciones laborales. Los efectivos denuncian extensas jornadas, falta de descanso y la necesidad de realizar servicios adicionales para completar sus ingresos. Además, la salud mental del personal policial cobró protagonismo tras el fallecimiento del suboficial Oscar Valdez, conocido como “Chimi”, quien enfrentaba problemas psicológicos y se encontraba con carpeta médica. Las demandas incluyen mejoras en los horarios, descanso adecuado y atención a la salud mental, aspectos que el colectivo policial considera urgentes para el desarrollo de la tarea diaria.

En 2024, un conflicto de similares características afectó a la provincia de Misiones, donde la policía de esta provincia tomó el Comando Radioeléctrico y comenzó un conflicto que recién terminó dos semanas después.