>Una encuesta de Quaest publicada el miércoles ha reordenado el tablero de la carrera hacia las elecciones presidenciales de octubre, al mostrar que la ventaja de Lula sobre el precandidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, se ha reducido de forma drástica.

Hace apenas unas semanas generó debate la decisión del ministro de Economía, Fernando Haddad —dispuesto a dejar su cargo para participar en la campaña electoral— de proponer a Lula a su secretario de Política Económica, Guilherme Mello, como nuevo director de Política Económica del Banco Central. Mello es considerado en el mercado financiero un economista heterodoxo, más cercano a la Teoría Monetaria Moderna que a la economía tradicional. Ex directores del Banco Central declararon de forma anónima al diario O Estado de São Paulo que una eventual designación tendría un impacto negativo en la credibilidad del banco central, ante el temor de un giro más heterodoxo en la conducción de la política monetaria. Entre los puntos que pesan en contra de Mello figuran algunas de sus declaraciones cuestionando las evaluaciones según las cuales el gobierno federal estaría gastando demasiado.

Decisivos, según el sondeo, serán los electores independientes, que representan cerca del 32% del electorado. En este grupo, la ventaja de Lula parece haberse reducido drásticamente, pasando de 16 puntos el año pasado a solo 5 esta semana. Un dato relevante es que el 38% de los independientes declaró que no votaría ni por Lula ni por Flávio Bolsonaro en un eventual balotaje, aumentando así la incertidumbre sobre el resultado final. Brasil, también según esta encuesta, aparece cansado de una elección que volverá a presentar la misma dicotomía y polarización del pasado: de un lado Lula, del otro un representante de la familia del ex presidente Jair Bolsonaro. Para ambos, la muestra de electores encuestados muestra un alto rechazo: 54% para Lula y 55% para Flávio Bolsonaro.

Según una investigación del sitio de noticias Metrópoles, el Partido Liberal (PL) de Flávio Bolsonaro y el PT de Lula serán los partidos que, en conjunto, recibirán alrededor de 1.500 millones de reales de financiamiento público para sus campañas. Además, obtendrán el 30% del tiempo de propaganda gratuita en televisión. Los demás precandidatos a la presidencia, que serán oficializados recién en agosto tras las convenciones partidarias, son Romeu Zema, del partido de centroderecha Novo y actual gobernador de Minas Gerais; Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático (PSD) y gobernador de Goiás; Renan Santos, ex del Movimiento Brasil Libre (MBL) y candidato por el nuevo partido Misión; y Aldo Rebelo, del partido Democracia Cristiana (DC). Otros nombres, sin embargo, podrían surgir en los próximos meses. Mientras tanto, el Tribunal Superior Electoral tiene plazo hasta el próximo 5 de marzo para votar algunas resoluciones debatidas a comienzos de febrero. Estas resoluciones están destinadas a modificar las reglas electorales de octubre, teniendo en cuenta los riesgos de las nuevas tecnologías y la expansión de videos y contenidos manipulados con inteligencia artificial. Entre las propuestas figura también la imposición de multas de hasta 30.000 reales por cada contenido electoral manipulado con IA.

“La ley de la ficha limpia ha sido debilitada y esto podría generar consecuencias negativas en las próximas elecciones”, explica a Infobae el fiscal de Justicia de São Paulo, Roberto Livianu, presidente del Instituto “No acepto la corrupción”. La Ley de la Ficha Limpia, o Ley Complementaria n.º 135/2010, es una de las principales normas anticorrupción de Brasil y se refiere a la inelegibilidad de los candidatos a cargos electivos. Aprobada en 2010 por iniciativa popular con más de 1,6 millones de firmas, la ley estableció que no pueden postularse políticos condenados por un tribunal colegiado, aunque la sentencia no sea definitiva. También se excluyen administradores públicos que hayan perjudicado las arcas del Estado y personas condenadas por corrupción, lavado de dinero, abuso de poder económico o político y delitos electorales graves. La inelegibilidad dura ocho años a partir de la condena o del fin del mandato. El principio clave de la ley es impedir el acceso a candidaturas electorales a personas con antecedentes graves, incluso antes de una sentencia firme. En los últimos años, sin embargo, esta ley ha sido progresivamente vaciada, sobre todo mediante decisiones judiciales y cambios interpretativos. “La sensación de impunidad es absolutamente devastadora, al igual que la normalización de la corrupción, debido a la falta de medidas concretas de combate. Brasil sufre por la ausencia de una política pública anticorrupción”, advierte Livianu.

Mientras tanto, la política aprovecha el carnaval de estos días para calentar motores de la campaña electoral, que debería comenzar oficialmente dos meses antes de la votación. Ha generado polémica el desfile previsto para mañana en Río de Janeiro de la escuela de samba Acadêmicos de Niterói, que este año eligió como tema principal la celebración del “obrero Lula” como “esperanza de Brasil”, con una canción que narra su vida desde la infancia en el sertón pernambucano hasta la presidencia. Lula asistirá al desfile mañana y hasta el último momento permanece la incógnita de si su esposa, Rosângela da Silva, conocida como Janja, desfilará.

Fuente: telam