Considerar el

Presupuesto

como una serie de reglas, de obligaciones y promesas más que como una sugerencia general es algo poco frecuente en nuestra política. Para los ciudadanos de a pie, considerarlo como algo que afectará directamente nuestras vidas, conducidas por la familia y el puesto de trabajo que se tenga, todavía más lejano.

Sin embargo, los ecos de la “ley de leyes” que cosechó media sanción en Diputados y camina sin sobresaltos hacia su votación en el Senado, ya empiezan a sentirse.

Más allá de los pronunciados recortes en ítems siempre sensibles como el de la salud, educación o incluso la obra pública (clave para la reactivación del 2017, y para motorizar las changas que tanto reclama Elisa Carrió), la quita de subsidios al Transporte se convirtió en un verdadero impulsor de cambios en las leyes provinciales.

Para los principales distritos, tener que hacerse cargo del costo de los subsidios al boleto representa un agujero fiscal englobado en una encerrona de difícil solución: mantenerlos implicaría quitar fondos de proyectos clave, lo poco que queda de obra pública o paralizar la administración provincial; no sostenerlos sería trasladar el ajuste directamente hacia los usuarios, con costos estrafalarios y cuando los bolsillos de la clase obrera están más flacos que nunca.

La salida, hasta ahora, parece apuntar a un combo de decisiones para que el impacto no se sienta tanto, y los políticos puedan mostrar que son concientes del ajuste que le reclaman a la sociedad. En Santa Fe, donde deberán afrontar los 3.200 millones que implica el subsidio a los boletos de trenes y colectivos, se votó una suba de los ingresos brutos para exportadores y otro impuesto a los bancos.

La provincia recaudaría 800 millones, apenas un 25% de lo que deberá asumir sólo en este rubro. Puede ser un gesto político: mostrarle a los pobres que los políticos buscaron quitarle a los que más tienen para que ellos no tengan que sufrir todo el ajuste que podrían tener que soportar.

Si alcanza con un “gesto” es algo que se verá en las elecciones, y desvela a todos los colores políticos.

Mientras los radicales y socialistas subieron esos impuestos, en el territorio bonaerense trascendió en las últimas jornadas la decisión de salir a buscar que los barrios privados paguen los aportes que siempre debieron realizar, pero que hasta ahora a muy pocos se les cobraba. Estiman que podrían sumar 2.000 millones de pesos a las arcas públicas. Poco menos del 10% de los 25.000 millones que se necesitan para tapar el agujero de los subsidios.

Claro que en ambos casos, por el acuerdo cerrado a última hora en Diputados, habrá una “compensación” del gobierno nacional, que los acercará un poco más al equilibrio, pero seguirá lejos de cerrar ese costo inesperado. A regañadientes, los ministros de economía de todas las provincias ya dieron a entender que una parte de ese monto será trasladada a los usuarios.

Y así, lo que uno paga para viajar ya no dependerá del valor de la nafta o el sueldo de los choferes, tan mentados para justificar cada aumento. Ahora, el boleto va a subir, sí, por el

Presupuesto

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