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El nuevo Código incorpora las leyes de Flagrancia, del Colaborador Eficaz, Técnicas Especiales de Investigación, Responsabilidad Penal Empresaria y de Ejecución de la Pena, sancionadas en los últimos años.

También dispone implementar el sistema acusatorio en el servicio de justicia que se caracteriza por una distinción de tareas que asegura un proceso más equilibrado y diferencia claramente la función de conducir la investigación (a cargo del fiscal) de la función de juzgar (responsabilidad del juez), por lo que los fiscales asumen un rol preponderante.

En el debate parlamentario la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR-Jujuy), afirmó que “era necesario sancionar leyes y herramientas para que la justicia pueda funcionar”. “Necesitamos que este Código Procesal Penal entre en vigencia”, sostuvo Burgos, al explicar los alcances de la norma aprobada por 134 votos a favor, 55 en contra y 4 abstenciones.

A su vez, el jefe del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, dijo que la reforma significa “un avance en el sistema procesal penal argentino” porque la sociedad “demanda que la justicia de una respuesta rápida y efectiva”.

La presidenta del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, recordó que el Código Procesal Penal se sancionó en 2014 “con mayoría automática y en un tiempo récord en dos semanas: fue a las apuradas, a las cachetadas, sin consenso”.