El Gobierno publicó en el

Boletín Oficial

el decreto de Necesidad y Urgencia por el cual entra en vigencia el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio, y crea "una Procuraduría" con facultades de investigar delitos contra el patrimonio público, narcotráfico y crimen organizado.

El decreto, que el presidente

Mauricio Macri

anunció este lunes, crea "una Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, con facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización de bienes que pudieran provenir de alguno de los delitos" previstos en el régimen, como los relacionados con el patrimonio público, el narcotráfico y el crimen organizado.

Firmado por el Presidente, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros del gabinete nacional, el decreto 62/2019, en sus considerandos, señala que "el fenómeno de la corrupción implica un perjuicio estructural y sistemático al patrimonio y los recursos del Estado, provocando una afectación a la igualdad de las cargas públicas y generando un enorme costo para la operación eficaz del Estado, a la vez que daña el tejido social y desincentiva el cumplimiento de la ley". 

Además, justificó la aplicación del régimen por decreto al asegurar que "la corrupción y los delitos contra la Administración Pública, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y demás delitos graves afectan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, causando enormes pérdidas para el Estado, en todas sus dimensiones, que, en definitiva, resultan en mayores costos para los ciudadanos".

En el decreto se hace constar que la "extinción de dominio" había sido remitida en el 2016 al Congreso, en un proyecto de ley, y "lleva así más de dos años de trámite legislativo sin resolución, por lo que urge otorgar a la Justicia herramientas eficaces para desfinanciar a las organizaciones criminales y resguardar el patrimonio estatal".

Al dictar la norma, el Poder Ejecutivo argumenta que "el Estado debe contar con herramientas consistentes, prácticas y eficaces de política criminal, tanto de carácter penal como de carácter no penal, para luchar de manera integral contra el flagelo del crimen organizado".

"El enfrentamiento a los grupos criminales complejos implica una serie de desafíos que están dados por la magnitud de los recursos que manejan, su grado de organización y sofisticación, lo que hace necesario abordar este flagelo desde diversas perspectivas", remarca el decreto.

Además, como antecedente, apunta que el país, mediante la ley 25.632, aprobó la Convención Internacional contra la delincuencia organizada transnacional, donde los Estados parte acuerdan mecanismos de cooperación y herramientas para el recupero de los bienes y otros beneficios derivados del producto del delito.

El decreto persigue proveer al Ministerio Público Fiscal de instrumentos jurídicos "idóneos para lograr de manera eficaz, la intervención del Estado con el objeto de obtener la extinción del dominio a su favor del dinero, cosas, bienes, derechos u otros activos, ganancia, provecho directo o indirecto que se hubiera obtenido de manera injustificada, provocando un enriquecimiento sin causa lícita".

En esa dirección, se propone dotar al Ministerio Público de "herramientas concretas para llevar adelante juicios contradictorios, donde quienes sean acusados de la comisión de los delitos enumerados en la presente norma, sean sometidos a una investigación con el objeto de determinar si su patrimonio o parte de él está constituido por causa ilícita, y tengan su derecho de defensa preservado conforme lo establece la Constitución".

Enfatiza que "el derecho de propiedad establecido en el artículo 17 de la Constitucional admite un adecuado régimen de restricciones y límites que atañen a su esencia, máxime cuando este derecho es ejercido en forma irregular".