Así lo dispuso la resolución 17/2020, publicada en el Boletín Oficial, bajo la firma de la interventora Cristina Caamaño; y se trata de la primera modificación del funcionamiento del organismo luego de que el presidente Alberto Fernández adelantara días atrás cambios en la AFI, intervenida el 20 de diciembre pasado.
El artículo 1 de la normativa establece que los "medios técnicos y humanos" de la AFI deberán abocarse al "estricto cumplimiento de las funciones primordiales de producción de inteligencia nacional y producción de inteligencia criminal referida a los delitos de terrorismo, federales complejos y contra los poderes públicos y el orden constitucional".
También dispone la "reducción al mínimo" del "ejercicio de las funciones de investigación criminal" así como su "participación como auxiliar de la justicia, ciñéndose exclusivamente a las materias propias del Organismo, establecidas legalmente".
En esa dirección, se comunicó a los jueces y fiscales con "competencia penal de todas las jurisdicciones del país lo resuelto" a los efectos de que dichos funcionarios "apliquen de forma restrictiva la facultad de requerir la intervención" de la AFI en "actividades de investigación criminal en el marco de las causas sometidas a su jurisdicción, las que resultan además propias de otros organismos estatales".
La resolución fue dada a conocer a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuración General de la Nación.
En los considerandos, se explica que "resulta necesario disminuir al mínimo de los casos posibles el ejercicio de las funciones de investigación criminal de esta Agencia Federal de Inteligencia y, por ende, su participación como auxiliar en las causas judiciales, competencias éstas además propias de otros organismos estatales".
Además, se menciona al decreto 52 del 20 de diciembre pasado, que dispuso la intervención del organismo y designó a Caamaño con las "facultades de gobierno y administración" de la AFI.
La normativa recuerda además que el decreto 52 derogó el decreto 656, del 6 de mayo de 2016, que implicó "un notorio retroceso institucional en materia de democratización y publicidad del sistema de inteligencia nacional, regido por la Ley número 25.520 y, principalmente, su modificatoria número 27.126".
Fuente: Diario Jornada
