De acuerdo a los relevamientos realizados desde el día 4 de abril se constató el incumplimiento del protocolo establecido por la autoridad sanitaria así como de las recomendaciones para el manejo de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica o Insuficiencia Renal Aguda publicada y difundida por el Ministerio de Salud de la Nación.
Atento a ello y ante el conocimiento de pacientes con COVID-19 positivo se dispuso la toma de muestras a la totalidad de pacientes atendidos por la entidad así como del personal a fin de detectar posibles nuevos casos que, dada su enfermedad preexistente, elevara el riesgo de vida.
Asimismo, y teniendo en cuenta, que la clausura de la empresa implicaría la interrupción de un servicio vital de diálisis (imposible de ser prestado por otro efector) se dispuso la inmediata internación hospitalaria de los casos positivos de modo preventivo. Para los casos negativos se adecuó la prestación del servicio en el lugar guardando la aplicación estricta del protocolo.
No obstante, la aparente negligencia en la prestación del servicio fue judicializada por el Gobierno a partir de la premisa de defender la salud pública de toda la comunidad y el respeto irrestricto a los protocolos sanitarios ante esta pandemia.
