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13 de agosto de 2020

Chaco ya cuenta con un Registro Único de Búsqueda de la Identidad Biológica o de Origen

La iniciativa garantiza el derecho identitario para restituir su ejercicio a toda persona que presuma que su identidad haya sido suprimida o alterada.

El Poder Legislativo de la provincia aprobó este jueves de manera unánime la Ley N° 3179-A, autoría de la diputada del CER, Elida Cuesta, que estipula la creación del Registro Único de Búsqueda de la Identidad Biológica o de Origen, en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco, con el fin de sistematizar los datos genéticos obtenidos. La iniciativa garantiza el derecho a la identidad biológica o de origen, para restituir su ejercicio a toda persona que presuma que su identidad haya sido suprimida o alterada.

Esta nueva normativa permitirá, a través de un trámite sencillo y gratuito, el libre acceso a los datos contenidos en los archivos del Registro Civil y a la documentación de los hospitales, clínicas y establecimientos de salud municipal y provincial, tanto públicos como privados, con el fin de poder constatar la identidad de las personas que tengan sospechas o dudas al respecto. Antes de su aprobación y cuando era analizada en comisión, el proyecto de ley recibió las opiniones favorables de la Secretaría de Derechos Humanos, del Consejo de Abogados y Procuradores de Resistencia y del Ministerio de Gobierno de la provincia, que la consideraron como una herramienta muy valiosa.

Durante la sesión, la legisladora explicó en los fundamentos que uno de los principales obstáculos para conocer la identidad real de una persona es la negativa de hospitales públicos y clínicas privadas de facilitar los archivos en los que constan los datos natalicios, entre otras cuestiones. “Se estima que en la Argentina existen 3 millones de personas que no conocen sus raíces.

Crecieron con padres adoptivos y la mayoría de ellos aún no lo sabe. La trata y tráfico de personas ocupan el tercer lugar como actividades lucrativas ilegales en el mundo, después del tráfico de drogas y el de armas”, aseveró.

Cuesta expresó que “la identidad de una persona comprende dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales, establecidas en los pactos internacionales y suscriptas en la Constitución Nacional, por lo que esta herramienta contribuirá al cumplimiento irrestricto de los pactos internacionales que rigen nuestra vida democrática”.

Es por eso que la diputada aseguró que la presente iniciativa busca contribuir a resolver una problemática que sigue afligiendo a toda la Argentina y cuyas consecuencias se replican hasta la actualidad, a lo largo y ancho del país. “La identidad de una persona constituye un proceso que comienza antes del inicio de su vida y se prolonga más allá de la muerte. No se agota en el dato biológico de su existencia física, sino que abarca todos los aspectos que la integran como ser humano”, concluyó la legisladora.

Los alcances de la ley
Será autoridad de aplicación de este nuevo Registro Único de Búsqueda de la Identidad Biológica o de Origen será el Ministerio de Gobierno, en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos, y tendrá a su cargo un servicio para la atención de los casos de presunción de supresión o alteración de identidad biológica o de origen, garantizando que los beneficiarios de la ley accedan, en forma libre y gratuita, a toda la documentación y registros de partos, nacimientos, neonatología, defunciones, libros de entradas y salidas e historias clínicas, archivados en cualquier efector de salud, tanto de gestión pública como privada, provinciales o municipales. También garantiza el acceso al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y de cualquier otro organismo que pueda proporcionar información útil.

Los interesados deberán identificarse y realizar una declaración jurada en la cual consten sus datos personales y el motivo de su pedido, que se mantendrá confidencial, como así también los datos a los que se tenga acceso. El proyecto, además, tiene como finalidad lograr una mejor articulación entre los organismos del Estado para hacer más ágil y efectiva la búsqueda de información.



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