“Lamento que autoridades migratorias de Colombia hayan impedido el ingreso del ciudadano argentino y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede Juan Grabois”. Con ese mensaje, publicado en las redes sociales por el canciller Felipe Solá, el gobierno argentino se refirió al incidente que protagonizó el dirigente social, que no pudo ingresar a ese país para auditar la situación social y política en medio de las protestas.

El gobierno colombiano, a través de un comunicado de Migraciones, fundamentó la decisión de deportar al referente de la CTEP al señalar que agredió verbalmente a una oficial de Migración y presentaba irregularidades en su pasaporte.

En la misma publicación, el funcionario recordó que Grabois integraba una misión internacional para auditar la situación social y política de Colombia en medio de las protestas. No es la primera vez que el gobierno argentino toma una postura con relación a la situación que atraviesa el país presidido por Iván Duque: el 6 de mayo, el propio Alberto Fernández reclamó que cese la “violencia institucional” y se resguarden “los derechos humanos”.

Estos comentarios fueron rechazados por la canciller colombiana, Claudia Blum, que los calificó como “Una intromisión que alimenta la polarización”. “Desconocen que miles de colombianos han tenido, conforme a nuestro Estado de Derecho, todas las garantías para ejercer la protesta pacífica a lo largo y ancho del país”, explicó en un comunicado.