La Legislatura de la provincia adoptó una postura netamente ambientalista, sin considerar las recomendaciones técnicas-científicas de organismos nacionales e internacionales, quienes desmienten la peligrosidad del herbicida.
El productor pyme conoce su responsabilidad: garantizar una mesa diaria, segura y saludable para todos los argentinos. Para ello utiliza estos productos —de forma correcta y racional, bajo la supervisión de un profesional— como una herramienta para lograr la inocuidad de los alimentos.
“Si la ley apela a una producción más sustentable, la mirada debería no sólo hacer énfasis en lo ambiental, sino también en lo económico y social”, aseguró el director del sector de Economías Regionales de CAME, Eduardo Rodríguez. “En este sentido, no tuvieron en cuenta la rentabilidad del productor, el encarecimiento de sus costos y la consecuente pérdida de competitividad. Realizar la transición hacia un modelo de producción más amigable con el ambiente no debería poner en riesgo al sector productivo y social de la provincia, sino todo lo contrario”, agregó.
Como representantes de los pequeños y medianos productores agropecuarios, la gremial empresaria de las pymes solicita vetar el artículo que dispone la prohibición del glifosato y generar una instancia de diálogo público-privado.
