El juicio contará con más de 14 audiencias que se extenderán hasta el mes de octubre, fecha en la que se conocerá la definición del TOF, presidido por el juez Juan Manuel Iglesias e integrado por Enrique Bosch y Noemí Barros.

Los días de audiencia serán el 17, 29 y 31 de agosto; 4, 5, 18, 20, 25 y 28 de septiembre y 9, 10, 12, 13 y 17 de octubre.

La causa inició en 2018 tras un presunto negocio en la gestión de Aída Ayala dentro del Municipio de Resistencia, que habría beneficiado a la empresa PIMP S.A con la recolección de residuos en la ciudad. Desenmascaradas las denuncias, el fiscal federal de primera instancia, Patricio Sabadini, había indicado que Ayala "dispuso los mecanismos, personas y empresas que resultaron determinantes para influir en los procesos de licitación lanzados desde el municipio a su cargo".

En su dictamen, Sabadini manifestó: "Manejó desde ese lugar cada uno de los procesos, incluso desde antes que los mismos fueran dados a conocer, preestableciendo pautas, condiciones, estructuras, logísticas y todo aquello que pueda imaginarse para que el proceso licitatorio adquiera cierta apariencia de licitud, logrando de esta manera que quienes finalmente resulten adjudicados sean aquellos sujetos que, inscriptos como proveedores, sean de su íntima confianza y fieles a sus intenciones".

De esta manera, la causa acusa a más de quince personas. Entre las carátulas que existen en los expedientes se encuentran los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, enriquecimento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

Entre los acusados se encuentran: Daniel Alejandro Fischer -ex jefe de campaña de Ayala y ex pareja de su hija-, Carlos Huidobro, Pedro Martínez, Mónica Centurión, Fátima Rigassio, Patricia Vázquez, Luis Escobar, Rolando Acuña, Natalia Martínez Guarino, Diego Martínez Guarino, Cristian Zapata, Víctor Hugo Quiróz, Enrique Baumwollspinner, Elsa Martínez y Eulalio Bouza.