Un nuevo caso que involucra planes Potenciar Trabajo es investigado por la Justicia Federal. Y es que en la provincia de La Rioja se conoció que más de 1000 empleados de la administración pública cobraban esa prestación a pesar de trabajar para el gobierno provincial del gobernador Ricardo Quintela. A fines de diciembre, el Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, había informado la baja a otros 4500 trabajadores públicos que eran beneficiarios del programa en 14 provincias.

La nueva investigación es llevada a cabo por la fiscal federal de La Rioja, María Virginia Miguel Carmona, y el juez Daniel Herrera Piedrabuena, que intentan identificar a las 1060 personas que trabajaban en la provincia y cobraban el plan que funciona como asistencia social para trabajadores de la economía informal, con un cobro de más de $70.000 en contraprestación de ciertos requisitos, como 60 horas laborales semanales.

 Así, se solicitó que los involucrados fueran indagados en orden al delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública. No obstante, el Ministerio Público Fiscal instruyó a la Justicia para que también se investigue a los funcionarios nacionales que hayan intervenido para la concesión de estos beneficios, según informó el sitio de noticias del Ministerio Público Fiscal.

 La instrucción se basa en que podrían haber infringido “la normativa que impide el otorgamiento del mismo a quienes no cumplan con los requisitos legales establecidos, en tanto debieron haber llevado el control y seguimiento correspondiente” para evitar no solo “un perjuicio económico para el Estado Nacional, sino también que el dinero destinado a tal fin sea acreditado efectivamente a aquellos que realmente lo necesitan para subsistir”.

La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó al juez federal riojano que habilite la feria judicial, y cite a las 1060 personas imputadas a prestar declaración indagatoria en orden al delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública. Se pidió que se suspendan los planes sociales involucrados.

Esta nueva información va en sintonía con la investigación del fiscal federal Guillermo Marijuan, quien meses atrás abrió una averiguación preliminar después de que trascendieran datos de la AFIP que señalaban características irregulares de más de 250.000 beneficiarios que parecían mostrar incompatibilidades entre los requisitos para recibir el salario social complementario y sus condiciones impositivas, entre otras.

Esa investigación derivó en que Marijuan denunciara a la exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y al dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico por las supuestas irregularidades desprendidas en el otorgamiento del Plan Potenciar Trabajo. Así, después de una serie de medidas de prueba que incluyeron las declaraciones testimoniales del extitular de la AFIP, Carlos Castagneto, y del exjefe de Gabinete, Juan Manzur, Marijuan cuestionó que de los 253.000 planes el ex-Ministerio de Desarrollo Social solamente haya dado de baja 2243.

A raíz de ello, a fines del año pasado, el Gobierno dio de baja los planes Potenciar Trabajo de 4588 empleados públicos de las provincias de Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.

LA NACION