Si bien cada caso responde a ciertas particularidades, el Gobierno ya da los primeros pasos para traspasar el mando de las empresas que funcionan bajo la órbita del Estado a manos privadas. Una de ellas es Corredores Viales, la compañía que maneja las principales rutas y autopistas del país, donde resuena la idea de poner en marcha un modelo de “concesión por tramos”.
Corredores Viales tiene su cargo 10 tramos de autovías que abarcan a las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y el Acceso Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires. Son en total casi 6000 kilómetros de rutas.
De acuerdo a lo que pudo saber TN a partir de distintas fuentes que conocen el rumbo del proceso, tanto del sector público como privado, lo que hoy se discute es la posibilidad de que se licite el uso y la explotación de cada una de las rutas a cambio de un canon en favor del Estado nacional. De ese concurso podrían participar tanto el sector privado como las provincias.
Algunas, incluso, ya sondearon el avance del proceso e incluso manifestaron cierto interés en manejar algunos caminos, aunque con ciertos recaudos. La preocupación principal de los mandatarios es que si este esquema no permite hacer acuerdos con organismos u empresas para que se ocupen del mantenimiento de las rutas, quedarse con esa concesión podría no resultar rentable.
Lo cierto es que más allá de los pormenores administrativos, el proceso para pasar el control de la compañía a otras manos ya se está trabajando. “Se va a privatizar. El detalle final del cómo todavía no está totalmente definido, pero el objetivo es que sea lo antes posible”, admitieron fuentes oficiales.
Paralelamente al proceso de concesión y al igual que sucede con el resto de las empresas estatales, en Corredores Viales se desarrolla un denominado “plan de saneamiento” que intenta mejorar el estado de sus cuentas fiscales y volver a la firma más “vendible”.
Solo a modo de ejemplo, de acuerdo a los datos de la Oficina de Presupuesto, en los primeros tres meses del año la firma mostró un déficit de $2254 millones, “que responde principalmente a la caída de los recursos de capital, que provenían de transferencias del Tesoro Nacional y de la Dirección Nacional de Vialidad; y en menor medida, al incremento de los gastos corrientes, compuestos casi en su totalidad por los gastos de operación de la empresa”. Además, la empresa carga con una deuda con proveedores que se estima en $30.000 millones.
Por eso, desde el inicio de la nueva gestión, se redujo el 40% de cargos gerenciales de la compañía, donde según la Oficina de Presupuesto, en el primer trimestre de 2024 trabajaban 4113 personas.
Pero además, se empezó a hacer un traspaso para que los peajes funcionen en un 100% con Telepase, es decir, que las vías de cobro sean automáticas y sin pago en efectivo. La implementación comenzó este jueves en la Autopista Riccheri y está previsto que se extienda en tres etapas hasta octubre. Más adelante, el objetivo es que la iniciativa funcione en todas las rutas de la empresa. Por esta medida, ya hay malestar con el gremio que lidera Facundo Moyano.
De todos modos, la idea del Gobierno no es conseguir a través de las concesiones de las empresas públicas un objetivo de rentabilidad. En despachos de la Casa Rosada explican que la cuestión es más bien ideológica. “No nos interesa tener a cargo espacios que deberían manejar los privados”, argumentan.
