Esta decisión judicial representa un fuerte respaldo institucional a una política pública que busca prevenir estafas virtuales, amenazas, extorsiones y otros delitos que suelen planificarse y ejecutarse desde el interior de unidades de detención a través de la telefonía celular.
La iniciativa fue promovida originalmente por el propio gobernador Zdero, durante su mandato como legislador provincial, aunque en su momento fue rechazada por el oficialismo, liderado por el ex gobernador Jorge Capitanich. Hoy, con el acompañamiento de la Justicia, se consolida como una herramienta fundamental en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la ciudadanía chaqueña.
Desde el Ministerio de Seguridad se destaca que esta normativa ya se encuentra en aplicación en todo el territorio provincial y que los procedimientos de requisa, secuestro de dispositivos y control del cumplimiento de la ley se realizan con la intervención de personal especializado, respetando las garantías constitucionales y los derechos humanos.
Con esta acción coordinada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, el gobierno provincial reafirma su compromiso con una política de seguridad firme, moderna y enfocada en la prevención del delito, priorizando el bienestar y la tranquilidad de todos los chaqueños.
