Un informe realizado el mes pasado por la Dirección Nacional de Diseño Organizacional del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado reveló que la Administración Pública Nacional cuenta con 111 organismos, de los cuales 40 son organismos desconcentrados y 71 descentralizados, con un total de 477 autoridades superiores.
Una de las últimas medidas que pudo realizarse por las facultades delegadas fue la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos en un organismo desconcentrado dependiente de la Jefatura de Gabinete. Según explicó el mismo Sturzenegger para fundamentar la medida, a diferencia entre un desconcentrado y un descentralizado es que este último duplica áreas de contabilidad, liquidación de sueldos, compras, una burocracia infernal que, a su modo de ver, podrÃan encargarse las áreas centrales.La mayorÃa de las reformas de organismos pendientes responden al Ministerio de Salud, el de Capital Humano y el de EconomÃa. De este último, los principales apuntados son las secretarÃas de Transporte, Agricultura e Industria.Desde una de estas áreas explican que la confección de estas reformas son, en cierta forma, un entuerto legislativo. Los borradores hacen un tedioso proceso de correcciones por las áreas de Legales del área que se va a intervenir, el del Ministerio de Desregulación y la SecretarÃa de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, a cargo de MarÃa Ibarzábal, la encargada de darle el visto bueno final.Dado que el lunes es feriado y que los primeros dÃas de la agenda estarán signados por la detención efectiva de Cristina Kirchner, altos mandos de la comunicación libertaria indicaron que no se prevé que algunas de estas medidas sea propulsada por esos dÃas. “La agenda va a pasar, por otro ladoâ€, reiteran.
Una de las reformas más significativas se concentra en el Instituto Nacional de TecnologÃa Agropecuaria (INTA), organismo autárquico bajo la órbita del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. El objetivo es ajustar el presupuesto, reducir personal y desprenderse de un segmento de las 450 sedes que posee el instituto, además de modificar la gobernanza y considerar la venta de campos o propiedades, algo que ya se habÃa evaluado y anunciado el año pasado.No son igual de grandes que el INTA, que cuenta con más de 6000 empleados. Entre los organismos apuntados también están Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).Además de acotar ámbitos burocráticos, todas estas medidas responden directamente con la premisa de reducción del gasto estatal y de la dotación de la Administración Pública Nacional. Hasta abril de este año, el número de contratados era de 292.801. Un año atrás ese número era de 322.197 personas. Una baja de casi 30.000 empleados.
La capacidad de desregulación seguirá estando, pero a través de la sugerencia de derogaciones a otras carteras gubernamentales. Serán reformas menores a las que realiza a través de los DNU.
Una de las patas más significativas que se verá inalterada es la del diseño y ejecución de polÃticas relativas al empleo público. En rigor, Sturzenegger es quien convalida los incrementos para los empleados de la Administración Pública Nacional. La encargada de hacerlo es la subsecretaria de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, a cargo de MarÃa Rosana Reggi.Esto ha llevado que los responsables de las principales carteras deban administrar las UR como si fuese oro, a los fines de poder incrementar los salarios tanto en esa categorÃa como en los directores, subsecretarios y secretarios de la Nación (quienes tienen el salario congelado desde diciembre de 2023).
Sturzenegger habló meses atrás con Javier Milei sobre este último asunto: que habÃa que buscar una manera de descongelar aumentos para la plana mayor del Gobierno. El Presidente se negó. Como contrapartida, desde diversos sectores del Gobierno le han dicho a este medio que les es cada vez más difÃcil retener a personal calificado. “Solamente puede quedarse el que tenga muchÃsima plataâ€, afirman.Notas Relacionadas
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