>Luego de que el jefe de la Policía Caminera de La investigación se encuentra a cargo del fiscal Guillermo González, quien ordenó que se decretara el secreto de sumario mientras se analiza el funcionamiento de una presunta asociación ilícita. No obstante, se confirmó que siete personas fueron detenidas este viernes por presuntamente haber formado parte del supuesto esquema delictivo.
La causa tendría conexión con una investigación previa de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, quien en noviembre de 2024 ordenó la detención de seis personas por asociación ilícita, estafas con inmuebles y usurpaciones.
Aparentemente, la banda obtenía información reservada para captar a personas con terrenos o viviendas usurpadas y les ofrecía abogados específicos, bajo la presunta promesa de ofrecerle beneficios en las causas judiciales.
En los supuestos tratos informaban que el pago de los honorarios podían incluir parte del valor de la propiedad o un porcentaje, entre 20% y 30%, equivalente al monto de los inmuebles, a cambio de gestiones vinculadas a desalojos o reducción de penas. La operatoria habría involucrado trabajos paralelos a las funciones oficiales como, por ejemplo, la utilización ilegítima de recursos y datos internos.Junto a Ochoa Roldán, las autoridades arrestaron a otros altos mandos de la Policía de Córdoba. Entre ellos fueron identificados los comisarios, Leonardo Javier Torres, Martín Darío Heredia y Jorge Gutiérrez, el suboficial Dante Gabriel Villalba, un civil llamado Gabriel Élido Burkhard, y el hermano del titular de la Caminera, Gastón Miguel Ochoa Roldán, quien ejerce como abogado.
Las detenciones se concretaron en once allanamientos realizados en distintos puntos de la provincia. Durante los procedimientos, los investigadores incautaron computadoras, teléfonos celulares, documentación, dos armas de fuego, dinero y vehículos.
La detención de altos jefes policiales y de organismos de seguridad en Córdoba provocó múltiples reacciones entre referentes opositores. Entre ellos, el diputado nacional Rodrigo de Loredo señaló que “después de 25 años en el poder están presos el Jefe del Servicio Penitenciario, el Subjefe de la Policía, el Jefe de Bomberos, el Director de Defensa Civil, la cúpula de la Policía Antinarcóticos del norte, entre otros”. Asimismo, apuntó contra el gobernador Martín Llaryora por la designación de autoridades y criticó: “Llaryora dice que los buenos son los de azul, pero no dice que los malos son los jefes que él designa”.
Por su parte, el senador Luis Juez pidió la renuncia del ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, y reclamó al mandatario provincial que ponga al frente de la policía “personas que conozcan el tema”. Incluso, insistió en la responsabilidad de las actuales autoridades y advirtió: “No vamos a cesar en ningún momento de poner en evidencia esta corrupción que es absolutamente estructural en el ámbito de la Policía”.
Frente a las investigaciones judiciales que involucran a jefes policiales, el ministro sostuvo que las fuerzas de seguridad atraviesan un proceso de depuración. “Entendemos que las fuerzas de seguridad, no solo en Córdoba sino en Argentina, tienen que someterse a un proceso de depuración muy fuerte y lo que estamos haciendo es justamente eso”, expresó.
Previo a esto, el ministro descartó cualquier vínculo entre estos hechos y la recaudación de multas de la Caminera durante una conferencia de prensa en la Jefatura. “No tiene relación con el dinero de las multas ni con la función en cada oficina o cargo”, señaló.
El número de damnificados permanece sin determinar, aunque la Justicia considera que “son muchos”. No se descartan nuevas detenciones ni imputaciones, ya que los allanamientos arrojaron una gran cantidad de pruebas y la investigación sugiere que la organización funcionaba desde hace tiempo.
