La Justicia suspendió las elecciones convocadas para el 11 de enero en el Sindicato de Camioneros de Corrientes, cuya conducción está alineada a nivel nacional con Hugo Moyano, al hacer lugar a una acción de amparo presentada por una lista opositora, que denunció presuntas irregularidades en la convocatoria electoral, falta de transparencia, exclusión de afiliados y violación del derecho a la participación democrática.
En el fondo, el fallo judicial también se convirtió en un traspié para Moyano, ya que Díaz, que conduce el sindicato correntino de manera interina, está identificado con el líder nacional de Camioneros y quedó en la mira por tratar de impedir la participación en los comicios de una lista opositora, liderada por Alejandro Benítez, candidato a secretario general, y Alberto Blanco, a secretario adjunto, que pertenecen a la Agrupación Oficial 11 de Junio.
Blanco, candidato a secretario adjunto de la lista opositora, describió ante Infobae un escenario plagado de controversias, acusaciones cruzadas y maniobras que, según los denunciantes, buscarían obstaculizar cualquier intento de normalización institucional y brindó detalles de las causas judiciales por desvíos de fondos que apuntan a Díaz; al secretario Gremial del sindicato, Mario Alberto Blanco, a dos empleados administrativos de la organización y la esposa de uno de ellos.
A mediados de mayo de 2025, Rotela fue desplazado de la secretaría general del sindicato por Díaz y Blanco, pero, el 3 de octubre pasado, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Corrientes dispuso su reinstalación en Camioneros por considerar que fue objeto de decisiones “manifiestamente arbitrarias e ilegítimas” y, además, la suspensión de todo tipo de acto eleccionario o asamblea, tanto ordinaria como extraordinaria.
A pesar del fallo, Díaz no hizo efectiva la reinstalación de Rotela, convocó a una asamblea para el 5 de octubre y fijó unilateralmente la fecha de los comicios sindicales para el 11 de enero, e incluso avanzó en la designación de la junta electoral sin notificar ni permitir la participación de la lista opositora.Rotela, cuyo mandato se extiende hasta el 16 de enero de 2026, denunció a miembros de su propia Comisión Directiva ante la UFRAC (Unidad de Recepción y Análisis de Casos) de Corrientes porque habrían realizado transferencias desde las cuentas del gremio a cuentas personales o familiares por cifras que oscilan entre los 48 millones, 38 millones y 31 millones de pesos en distintos expedientes.
También se acusó a dos empleados administrativos del gremio: a Héctor Cipriano Cantero, por haber realizado 52 transferencias bancarias por un total de 37 millones de pesos hacia su cuenta personal, “utilizando conceptos simulados y sin documentación respaldo”, y a Leonardo Javier Sánchez por haber hecho 121 transferencias bancarias por un total de casi 38 millones de pesos a su cuenta personal “por conceptos simulados sin facturas ni comprobantes” e incluso se investiga a su esposa, Claudia Abigail Fernández, por haber recibido del sindicato en su cuenta personal unos 10 millones de pesos “sin tener relación alguna” con Camioneros.
Según el dirigente opositor, en el sindicato correntino, de unos 3000 afiliados, la vida institucional se maneja en un círculo cerrado que no supera los “200 compañeros” y el resto se ve excluido tanto de la toma de decisiones como del acceso pleno a los servicios básicos, especialmente la salud. “El trabajador camionero correntino la está pasando mal. Se le descuenta para una obra social, pero si tiene un problema debe recurrir a un hospital o pagar una clínica privada”, apuntó.
