El componente más significativo de la reforma es la creación del FAL, un mecanismo de capitalización para que las empresas afronten indemnizaciones. En el proyecto original, la reducción de la alícuota de la carga patronal para financiar este fondo era del 3% lineal, lo que implicaba un costo fiscal de 0,57 p.p. del PBI.

Al tratarse de una reducción en un tributo no coparticipable, este costo es absorbido en su totalidad por la administración central, sin afectar de manera directa las transferencias automáticas a las jurisdicciones provinciales.

Uno de los factores determinantes para la caída del costo fiscal total de la reforma fue la eliminación de la baja en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para empresas. El proyecto original preveía una reducción que costaría 0,22 p.p. del PBI, afectando recursos coparticipables. Al suprimirse este punto en la versión final, el costo fiscal por este concepto se redujo a cero.

Por otro lado, se mantuvo la eliminación de ciertos Impuestos Internos, lo que representa un costo fiscal de 0,1 p.p. del PBI. En este caso, al ser un impuesto que se distribuye federalmente, la pérdida de recursos se divide en 0,04 p.p. para la Nación y 0,06 p.p. para el conjunto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La reconfiguración del proyecto favoreció notablemente las arcas provinciales en comparación con la propuesta inicial. El informe del Iaraf destaca que, mientras el costo para el Gobierno Nacional descendió un 42% (de 0,71 p.p. a 0,41 p.p. del PBI), el impacto para las provincias y CABA se desplomó un 69%, pasando de 0,19 p.p. a solo 0,06 p.p. del PBI.

Esta dinámica responde a que el grueso del costo fiscal de la reforma actual se concentra en el FAL, que impacta exclusivamente en recursos nacionales, y no en Ganancias, que es el principal motor de la coparticipación federal.

Más allá del financiamiento, el proyecto introduce precisiones sobre el cálculo de las indemnizaciones. Se establece que solo se considerará la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo explícitamente conceptos de pago no mensual como el aguinaldo (SAC) o las vacaciones. Asimismo, se fija un techo para la base salarial y una tasa de actualización uniforme basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual.

El objetivo declarado de estas medidas es reducir la litigiosidad y otorgar previsibilidad a las empresas. Según fuentes del sector, “contar con ese respaldo ante una desvinculación es la diferencia entre seguir operando o bajar la persiana definitivamente por una contingencia judicial”. Por otro lado, desde sectores técnicos se advierte sobre el impacto en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Expertos como Ricardo Michel han señalado que “el mecanismo previsto para el nuevo fondo reduciría recursos al SIPA, administrado por la Anses”, en una cuantía equivalente a la desgravación otorgada a las empresas.