27 de febrero de 2026
Un dirigente piquetero de Chaco y su pareja se entregaron a la Justicia tras ser denunciados por trata de personas

Una mujer dijo que estuvo retenida por cuatro años en la casa de los acusados. Según contó, la obligaban a realizar tareas domésticas y cuidar a sus hijos sin percibir ningún tipo de salario
Según constó en el expediente, la denunciante habría estado retenida por cuatro años, aproximadamente, en una vivienda ubicada en la Avenida Nicaragua al 100, en la ciudad de Resistencia. A pesar de que le habría restringido la libertad, indicó que la única excepción se daba cuando tenía que ir a hacer las compras.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme una condena de cinco años de prisión contra el ex intendente de Colonia 25 de Mayo David Bravo, a quien los tribunales determinaron partícipe necesario en el delito de trata de personas por la explotación de mujeres en los cabarets Venus y Karibian.
De esta manera, ratificaron la sentencia del Tribunal Oral Federal de La Pampa, que dispuso cinco años de prisión para Bravo por haber habilitado y permitido el funcionamiento de cabarets en flagrante violación de una ordenanza que él mismo firmó en septiembre de 2010. La normativa prohibía la habilitación de cabarets y establecimientos nocturnos en la localidad, debido a su capacidad para “encubrir el delito de trata de personas”.
“No avisé a la Policía porque sabían todo”, declaró al contar que cuando el jefe de la municipalidad asistía al local “le daban mil pesos y él firmaba”. Esto derivó en la realización de allanamientos; así, los agentes policiales constataron la presencia de 10 mujeres, de las cuales nueve eran dominicanas y una argentina.
A pesar de que la ordenanza municipal que prohibía la habilitación de este tipo de establecimientos fue firmada por el mismo Bravo el 3 de septiembre de 2010, constataron que el cabaret Venus continuó sus actividades al amparo de una habilitación municipal emitida y rubricada por el propio jefe comunal.
La causa incorporó como pruebas las declaraciones de la víctima —que describieron mecanismos de pago a funcionarios municipales y la complicidad policial— y la documentación de las condiciones de vida y trabajo en el establecimiento, que evidenció la existencia de una estructura organizada para la explotación sexual bajo el aval administrativo municipal.
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