Las comisiones de Seguridad; y de Justicia del Senado dictaminaron esta tarde un proyecto que aprobó en Diputados en 2024 y que introduce cambios a la regularización de armas de fuego -agilizar procedimiento-, por un lado, y prorroga el sistema de entrega voluntaria -administraciones de distinto color político lo han hecho- hasta el 31 de diciembre de 2027. Si no se sanciona la ley, la iniciativa perderá estado parlamentario en febrero próximo.

Por el Gobierno expuso el director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan. "La burocracia y la 'papelización' del registro alejó y puso barreras para el legítimo usuario para la registración y la normalidad. Y, para nosotros, es una persona responsable y ajustada a derecho", señaló.

Allan agregó: "Las órdenes que recibimos fueron muy claras. Los ejes de la gestión son digitalizar todo el RENAR y hacer que estar dentro de la ley sea fácil. Y eso hemos hecho y hoy lo vemos en las cifras".

Según el funcionario, se aumentó en un 20% la cantidad de objetos registrados en dos años, que pasaron de 300.000 a 360.000, aunque se estima un total de 600.000 en manos de legítimos usuarios. "Las armas no desaparecen y el Estado necesita la información", advirtió. Y añadió: "Queda mucho por hacer".

Allan también hizo mención a mejores detecciones vía "patrones anti fraude". En esa línea, confió: "Se le pagaba a personas para que compren armas, las registraran y, luego, pasaban a organizaciones criminales. Con la digitalización, detectamos rápido eso y rebotamos a la vieja usanza".

Por otra parte, el director del RENAR dejó en claro que "la sola presentación -de la declaración- no es automáticamente una aprobación", sino un primer paso donde luego se chequea "el origen, antecedentes y medidas cautelares sobre personas y objetos".

Allan es cercano a la actual jefa libertaria en la Cámara alta y exministra de Seguridad mileísta, Patricia Bullrich, quien estuvo presente en el convite. En medio de un escenario delicado y preocupante en las escuelas, la porteña no desaprovechó la ventana y explicó que "las fuerzas federales tienen un sistema para localizar armas por tipo de disparo y una base" amplia de registros.

Seguido a ello, lanzó: "Con las -recientes- amenazas, ese sistema nos protege y sería importante que las provincias firmen. Si hay una amenaza, las provincias pueden saber si familias tienen o no. Esto genera una protección a la escuela, niños y familias". Tras ello, le consultó a su conocido Allan por los distritos que aún no adhirieron. "Formosa, Tierra del Fuego y La Rioja", dijo el funcionario.

Al enviar el proyecto al Congreso, en mayo de 2024, la Casa Rosada fundamentó en su mensaje "la necesidad de establecer una opción clara a la ciudadanía en relación con las armas de fuego: o bien su tenencia legal, para lo que se ofrece un procedimiento de regularización excepcional, o bien la entrega voluntaria y anónima, para su destrucción a cambio de un incentivo".

"Resulta esencial, para cualquier política de seguridad pública, garantizar una correcta trazabilidad e identificación de las armas de fuego ya que, por su naturaleza, son capaces de provocar una grave afectación a la vida y a la integridad de las personas", argumentó el Ejecutivo.

El plenario fue manejado por la radical y titular de la comisión de Seguridad -cabecera-, Carolina Losada (Santa Fe). La segunda involucrada fue la de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el libertario salteño Gonzalo Guzmán Coraita.

Desde el oficialismo reconocieron que Guzmán Coraita fue quien se encargó de la gestión de la iniciativa para que obtuviera esta tarde las firmas necesarias. De esta forma, el dictamen de mayoría quedó habilitado para votarse en las próximas semanas.