Fuentes del oficialismo chaqueño adelantaron a Infobae que, cuando concluyan las vacaciones de invierno, harán un nuevo intento para que se apruebe en la Legislatura la reforma pro mercado que impulsa el gobernador Leandro Zdero.

El proyecto consiste en una enmienda al texto constitucional de 1994. La intención es incorporar protección contra incrementos impositivos, nuevos gravámenes y garantías de inversión a quienes apuesten por la economía chaqueña.

Este mecanismo de reforma de la Constitución requiere un consenso absoluto: todos los integrantes de la Legislatura unicameral deben expresarse a favor. El cuerpo está dividido en mitades entre el oficialismo (integrado por la bancada que responde a Zdero y los referentes de La Libertad Avanza) y el justicialismo. El senador nacional Jorge Capitanich es quien conduce al PJ chaqueño y adelantó que no acompañará la medida.

El mandatario provincial, que buscará su reelección en 2027, es uno de los principales aliados de la Casa Rosada en el NEA. El año pasado, Zdero y LLA fueron socios electorales en las elecciones legislativas provinciales y nacionales, que fueron desdobladas. En ambos casos obtuvieron resultados positivos, derrotando a Capitanich.

El expediente de la reforma ingresó a la Legislatura unicameral y está reservado en Secretaría con preferencia legislativa. Esto implica que puede ser puesto a consideración del pleno en cualquier momento.

La chance que se juega el oficialismo será luego de las vacaciones de julio. El receso invernal en Chaco se extenderá desde el lunes 20 al viernes 31. Esto implica que, en la primera sesión de agosto, el expediente sería tratado.

La bancada que responde a Zdero no abriga expectativas de que el peronismo cambie de parecer en 20 días y supone que sostendrá su negativa. "Ellos no tienen ningún interés" en que la enmienda se apruebe, se quejó una de las espadas legislativas de Zdero.

Por ello esperan poder tener el margen de maniobra en el recinto para evitar que se caiga y regresarlo a comisión, sacándolo de la agenda de votación.

En el peronismo, en tanto, no están convencidos de que el oficialismo arriesgue de ese modo. Presumen que es una maniobra para "plantar agenda" en la provincia y victimizarse con la idea de que el PJ los boicotea.

El primer párrafo de la enmienda propuesta establece: "La Provincia del Chaco garantiza estabilidad y protección jurídica a la radicación, realización y desarrollo de inversiones productivas en su territorio, en especial aquellas comprendidas en regímenes nacionales o provinciales de promoción de inversiones".

Asimismo, fija como mandato constitucional la promoción activa de inversiones productivas "garantizando previsibilidad normativa, seguridad jurídica, igualdad ante la ley y protección frente a medidas arbitrarias". Este esquema se desenvolverá "en un marco de desarrollo sostenible y respeto al interés público". La propuesta reconoce a la inversión privada como "instrumento esencial para el desarrollo económico, la generación de empleo y la innovación".

En sintonía con estos ejes, el proyecto contempla una serie de prohibiciones. Entre ellas, "la creación de nuevos tributos provinciales o municipales". En el mismo sentido, clausura la posibilidad de incrementar alícuotas o modificar de bases imponibles existentes. El impedimento incluye a los gravámenes que recaigan de forma directa o indirecta "sobre las inversiones alcanzadas por esta cláusula".

Sin embargo, hay algunas excepciones. Quedan fuera de la veda "aquellos tributos cuya potestad tributaria sea delegada, transferida o restituida por la Nación a la Provincia con posterioridad a la vigencia de esta cláusula". Pero para ello se requerirá "que su aplicación no implique una duplicación de la carga tributaria preexistente sobre el mismo hecho imponible".

Si estos mandatos se incorporasen a la Constitución provincial, la creación de tributos que no respeten la regla será nula de pleno derecho. El nuevo artículo que se busca incorporar "obliga a la administración a la devolución inmediata de lo percibido" de forma indebida. Así, se elimina "la necesidad de largos procesos judiciales de repetición". Y también se otorga "una herramienta de defensa sumaria al inversor", explicó el Poder Ejecutivo en el mensaje a la Legislatura.

El último apartado del proyecto de reforma estableció que las nuevas disposiciones deberán interpretarse "de manera armónica con la Constitución Nacional, los tratados internacionales vigentes y el régimen federal de distribución de competencias".

En la fundamentación, el Gobierno aclaró que la iniciativa "reconoce la autonomía municipal". Sin embargo, la subordina al orden constitucional superior "en materia de promoción de inversiones".