"Las Islas Malvinas fueron, son y serán por siempre argentinas". La publicación, que realizó en las últimas horas la cuenta oficial en X de las Fuerzas Armadas, reactualizó el histórico reclamo argentino de soberanía tras la advertencia de Estados Unidos de rechazar la postura británica sobre el archipiélago si no aumenta el gasto militar, algo que informó ayer The Telegraph.

Sin embargo, la postura del Gobierno es de "cautela y prudencia", según supo este medio, y analizan que debe leerse en el marco de una estrategia de la administración Trump sobre los aliados de la OTAN, y no como un giro formal en la política exterior estadounidense. Washington mantiene oficialmente una postura de neutralidad sobre la soberanía, aunque reconoce la administración británica.

Según informó el medio británico, altos funcionarios del Pentágono estudian usar la cuestión de las Islas Malvinas para forzar al primer ministro Andy Burnham a elevar la inversión militar hasta el 5% del Producto Bruto Interno (PBI), tal como exige la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El presupuesto que notificó el Tesoro británico generó una serie de críticas internas en Londres. Priti Patel, diputada del Partido Conservador, publicó en X que "el fracaso del Partido Laborista en comprometerse con el 3% del PBI en defensa nos ha dejado expuestos y ha dañado nuestra relación con nuestros aliados".

El también conservador James Cartlidge fue más directo sobre la información de la advertencia norteamericana, reclamó un mayor gasto en Defensa y señaló: "Las Malvinas son británicas. Punto final". El diputado laborista Adam Jogee coincidió en el fondo, aunque desde otro ángulo: "Seamos muy claros: las Malvinas son británicas. Así de simple".

La ministra de la Mujer e Igualdad, Bridget Phillipson, evitó responder de manera directa respecto a la discusión que involucra a la cuestión de la soberanía sobre Malvinas durante una entrevista en LBC. "Estamos invirtiendo más que en cualquier otro momento desde la Guerra Fría", afirmó.

En abril de este año, y a modo de antecedente, Reuters difundió un correo interno del Pentágono que expuso las alternativas que Estados Unidos analizaba ante la negativa de algunos países europeos a respaldar las operaciones militares en la guerra contra Irán. Una de esas medidas, según la agencia, incluía la reconsideración del apoyo diplomático tradicional de Washington sobre la soberanía británica de las Islas Malvinas.

En aquel momento, el secretario de Estado, Marco Rubio, minimizó el episodio y lo calificó de "un mail con algunas ideas". En tanto, el portavoz de la oficina del entonces primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, fue contundente: "El tema de las islas Malvinas y su soberanía británica, con el derecho de los isleños a la autodeterminación, no están en cuestión, y así lo hemos expresado de forma clara y consistente".

A su vez, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, afirmó a mediados de este mes que no hubo modificación en la postura de Washington respecto a las islas Malvinas y aseguró que la Casa Blanca continúa siendo neutral. "Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado", señaló a TN.

Por otro lado, el canciller Pablo Quirno rechazó este viernes las críticas de la oposición por el amarre de un buque británico en el puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego. En un largo texto publicado en X, aseguró que la presencia del buque VS Promise fue contratado por un consorcio petrolero que tiene la autorización del Ejecutivo provincial para operar en aguas argentinas.

"El buque es un petrolero contratado para transportar crudo producido en la Cuenca Marina Austral, en territorio argentino. Venía de Río Cullen (una monoboya en aguas abiertas), donde se carga el petróleo producido en los yacimientos fueguinos operados por Total Energies y sus socios. La propia provincia reconoce que fiscaliza esas operaciones: mide los volúmenes, controla la carga y certifica el origen del crudo que se exporta", subrayó el canciller.

Desde el entorno del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, habían protestado de manera pública el lunes por la autorización de entrada del barco y alegó que existe una ley provincial que prohíbe la permanencia, el amarre y el abastecimiento en sus puertos de buques con bandera británica.