La decisión de una jueza de suspender la aplicación del régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires por 60 días provocó un fuerte enfrentamiento entre el gobierno nacional y la administración bonaerense. Mientras el equipo de Axel Kicillof se alineó con el fallo judicial, la Casa Rosada, principal impulsora de la reforma normativa, lanzó duras críticas contra la gestión provincial.

En ese contexto, el jefe de gabinete nacional, Diego Santilli, cuestionó severamente al ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso. El funcionario nacional aprovechó la ocasión para reflotar una polémica del año 2021, cuando el Poder Ejecutivo provincial fue centro de cuestionamientos tras la compra de penes de madera destinados a explicar el uso de preservativos en las escuelas, en el marco de la Educación Sexual Integral (ESI).

"Señor Ministro de Inseguridad de la Provincia de Buenos Aires, ¿por qué no se sienta con el Gobernador y le pide que deje de comprar penes de madera? Mejor que invierta más en seguridad que el conurbano es tierra de nadie", planteó Santilli, quien aspira a convertirse en gobernador bonaerense en las elecciones del año que viene.

La referencia de Santilli alude a un controvertido episodio de 2021, cuando una licitación del Ministerio de Salud de la Nación para adquirir 10.000 penes de madera destinados a talleres de ESI desató un fuerte debate público. Aunque la medida buscaba facilitar la enseñanza del uso de preservativos para prevenir enfermedades de transmisión sexual, el costo de la compra y la oportunidad del gasto fueron duramente cuestionados por sectores de la oposición, que lo calificaron como un "despilfarro" de recursos estatales.

Menos de una hora y media después, el ministro Alonso recogió el guante y le respondió a Santilli, a quien acusó de no mantener un "diálogo institucional" con las provincias y de "esconderse detrás de la chicana".

"Entiendo que, como político 'profesional' (no se le conoce otro empleo), intente hacer carrera a fuerza de provocaciones y títulos en las revistas del corazón. Pero gobernar es otra cosa. Después de figurar en tantos partidos, debería saberlo", le sugirió con ironía a Santilli, quien registra pasos por el PJ y el PRO previos a su desembarco en La Libertad Avanza.

Luego, Alonso destacó en su tuit la inversión en seguridad que impulsa la gestión Kicillof para sostener a los 135 municipios bonaerenses. "Aun cuando su Gobierno incumple con los bonaerenses y retiene los recursos que les corresponden", denunció,

Y en esa misma línea, cerró: "Tenga respeto por los bonaerenses. Menos chicana y más responsabilidad institucional, Ministro".

El cruce entre Santilli y Alonso formó parte de un debate tuitero iniciado este lunes, mediante el cual el jefe de Gabinete se quejaba por el silencio de Kicillof ante la decisión de la magistrada Marta Elba Pascual y Alonso planteaba que hace falta reforzar la estructura judicial y penitenciaria para aplicar la reforma aprobada por el Congreso Nacional, en sintonía con los argumentos de la jueza.

La magistrada Marta Elba Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, justificó su resolución al advertir que la provincia de Buenos Aires no cuenta con la infraestructura ni los recursos necesarios para absorber el incremento de adolescentes que ingresarán al sistema penal tras la baja de la edad de imputabilidad.

En declaraciones radiales, la jueza subrayó que no se opone a la reforma normativa en sí misma, sino a su implementación sin condiciones adecuadas: "Con esta ley no vamos a crear más seguridad", afirmó al cuestionar la falta de herramientas educativas, terapéuticas y de formación laboral en los centros de detención. Según Pascual, el encierro sin un abordaje integral transforma a los dispositivos en una "escuela de delito", contradiciendo el objetivo de protección social y prevención que persigue la nueva legislación.

En paralelo a la polémica política, la asociación civil Usina de Justicia presentó una denuncia penal contra la magistrada por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad. En su presentación, la entidad consideró que la suspensión de una ley nacional excede las atribuciones del tribunal y afecta la división de poderes, además de solicitar intervenir como amicus curiae en la causa para representar la perspectiva de las víctimas.