A 14.000 kilómetros de las Islas Malvinas, el Foreign Office en Londres, a través de la subsecretaria parlamentaria Uma Kumaran convocó este miércoles a la embajadora argentina Mariana Plaza y trasladó el conflicto por el petróleo del Atlántico Sur al corazón de la relación bilateral. El mensaje fue directo: la decisión del presidente Javier Milei de impulsar un arbitraje internacional para frenar el proyecto petrolero Sea Lion plantea interrogantes sobre la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido. No es sólo un rechazo jurídico. Es una advertencia diplomática.
La respuesta llegó horas después de que Buenos Aires notificara a Londres el inicio del procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), con un plazo de dos semanas para detener el proyecto o enfrentar una demanda ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo.
La escalada diplomática coincidió con un seminario de política oceánica convocado que se realizó en la ciudad de Buenos Aires y que reunió a diplomáticos, militares, académicos y funcionarios provinciales para debatir el futuro del Atlántico Sur. Planeado como un foro técnico, terminó como una demostración de que la cuestión Malvinas atraviesa la agenda de la política.
Según se informó de manera oficial, Kumaran calificó la decisión argentina de recurrir al mecanismo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) como "el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo de las Malvinas".
La funcionaria fue más lejos y llevó la controversia al plano de la relación bilateral: "Tal comportamiento plantea interrogantes sobre la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido", afirmó. Londres sostuvo que los esfuerzos de Buenos Aires por obstruir la actividad económica en las islas "no son actos de un compromiso internacional responsable", sino intentos deliberados de afectar "la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado". La funcionaria británica reafirmó que los isleños "han elegido libre y democráticamente su futuro" y que tienen "todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceras partes".
En simultaneo hubo una reacción parlamentaria igualmente firme. El diputado Andrew Rosindell, uno de los defensores más activos de los isleños en la Cámara de los Comunes, llamó a rechazar el ultimátum de plano. "El Reino Unido no puede ser intimidado por gobiernos extranjeros para que sacrifique a su gente, su soberanía o su territorio", escribió en sus redes. Rosindell recordó que en el referéndum de 2013, el 99,8% de los habitantes de las islas votó por permanecer bajo soberanía británica, y advirtió que Londres no debe "repetir la capitulación de los chagossianos y traicionar a los isleños".
La respuesta más clara de las empresas involucradas llegó también este miércoles. El director ejecutivo de Rockhopper, Sam Moody, ratificó en el informe semestral presentado ante la Bolsa de Valores de Londres que "el primer petróleo sigue teniendo como objetivo el primer trimestre de 2028" y que la compañía entra al segundo semestre del año "totalmente financiada" hasta el inicio de la producción. Rockhopper recaudó USD 180 millones mediante una colocación de acciones y otros USD 20 millones a través de una oferta abierta que superó el 118% de las suscripciones disponibles.
Moody describió las acciones del gobierno de Milei como un período de "mayor atención mediática y política" sin impacto sobre el cronograma y ponderó el "continuo y firme respaldo" del gobierno del Reino Unido y de las autoridades isleñas. Es el primer documento regulatorio de la empresa que menciona de forma explícita las amenazas argentinas y descarta formalmente su efecto sobre el proyecto.
El proyecto Sea Lion se desarrolla a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, en la Cuenca Malvinas Norte. Navitas Petroleum, de capital israelí, controla el 65% de la participación; Rockhopper retiene el 35% restante. Las reservas estimadas ascienden a 1.700 millones de barriles. La primera fase contempla 11 pozos y una plataforma flotante con capacidad de hasta 55.000 barriles diarios; las etapas posteriores apuntan a 200.000 barriles por día hacia 2030.
El ultimátum argentino y la advertencia diplomática británica es el punto más alto de una presión que viene escalando hace semanas. El 3 de septiembre, Milei utilizó una cadena nacional para advertir que cualquier compañía vinculada al proyecto quedaría excluida de operar en la Argentina: "Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano", sostuvo. La amenaza implícita es el acceso a Vaca Muerta, la formación de esquisto patagónica que produce más de 600.000 barriles diarios.
Al día siguiente, las empresas de servicios petroleros Schlumberger (SLB), Halliburton y Baker Hughes anunciaron que no participarán en proyectos hidrocarburíferos en las islas ni en los espacios marítimos circundantes. Las acciones de Rockhopper cayeron un 6,3% en Londres y las de Navitas perdieron más de un 2% en Tel Aviv.
El canciller Pablo Quirno confirmó el envío de unas 180 notificaciones a empresas vinculadas al petróleo en las islas. La Cancillería presentó al menos tres denuncias penales ante tribunales argentinos contra diez compañías y sus directivos, y envió al Congreso un proyecto de ley que contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes extraigan recursos en el área sin autorización argentina, y que comenzó a tratarse este miércoles.
El 16 de septiembre, la jueza federal Mariel Borruto, del tribunal de Tierra del Fuego, emitió una medida cautelar que ordena a Navitas y a Rockhopper detener las perforaciones hasta que las autoridades ambientales argentinas puedan expedirse, aunque reconoció en el propio texto que su cumplimiento "depende de la cooperación internacional y de la conducta" de las empresas.
El plazo de dos semanas fijado por Milei vence a mediados de octubre. Si el Reino Unido no frena el proyecto, Argentina adelantó que recurrirá al TIDM en Hamburgo para solicitar medidas provisionales. El mecanismo está previsto en la Convemar: mientras el tribunal arbitral del Anexo VII no esté constituido ?un proceso que puede llevar meses?, el TIDM puede dictar órdenes de emergencia para proteger los derechos en disputa.
El canciller Quirno aclaró que el arbitraje no tiene como objeto resolver la disputa de soberanía sobre las islas, sino la explotación unilateral de hidrocarburos. "Es la primera vez que Argentina somete a un tribunal internacional la causa Malvinas en cuanto a la explotación de hidrocarburos", afirmó. La Argentina ya recorrió este camino antes: en 2012, cuando la fragata ARA Libertad quedó retenida en el puerto de Tema, en Ghana, Buenos Aires recurrió al mismo mecanismo y el TIDM ordenó por unanimidad la liberación del buque en menos de un mes.
Sin embargo, el caso Malvinas tiene un obstáculo que el de la fragata no tenía: la soberanía sobre el territorio está en disputa, y la Convemar regula espacios marítimos, no la titularidad territorial. Además, al ratificar el tratado, la Argentina declaró que no acepta los procedimientos obligatorios para controversias de delimitación marítima y títulos históricos, un argumento que el Reino Unido podría usar como defensa. Londres ya sostuvo que las actividades de Sea Lion se realizan "en pleno cumplimiento del derecho internacional, incluida la Convemar".
En este contexto, se realizó el Seminario de Políticas Oceánicas celebrado este miércoles en la Casa de Gobierno, en CABA, organizado en forma conjunta por la Cancillería, el gobierno porteño, y el Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Cooperación (Coferrec), que reunió a representantes de la Armada, la Prefectura Naval, el Servicio de Hidrografía Naval, provincias con litoral, autoridades portuarias, el sector productivo y la academia.
Entre los expositores estuvo el embajador Javier Figueroa, coordinador de Políticas Oceánicas y Atlántico Sur de la Cancillería, quién advirtió que el conflicto de soberanía tiene consecuencias que exceden el territorio en disputa. "Tener una disputa de soberanía sobre aproximadamente el 40% de nuestros espacios marinos nos plantea enormes desafíos", señaló. Uno de los más concretos -indicó- es la llamada milla 201: una franja del Atlántico Sur donde operan entre 400 y 500 buques pesqueros por año sin ningún marco normativo, porque Argentina no puede avanzar en mecanismos multilaterales de regulación pesquera más allá de la milla 200 mientras el Reino Unido pretenda ser reconocido como Estado ribereño. "Eso nos impone ciertas restricciones en la definición de políticas", afirmó.
El diplomático, a su vez, describió una agenda oceánica que va más allá del conflicto por Sea Lion, como la regulación de la plataforma continental y combate de la pesca ilegal no declarada. En paralelo, señaló que Argentina mantiene diálogos oceánicos bilaterales con Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Ecuador, y negocia declaraciones conjuntas para coordinar posiciones en organismos internacionales. "No veo por qué no podemos lograr en economía azul lo que logramos en industria nuclear", afirmó Figueroa. "Tenemos todo."
En tanto, Fulvio Pompeo, secretario general y de Relaciones Internacionales del gobierno porteño, abrió la jornada con una referencia directa al conflicto: "Nuestros legítimos derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte de un consenso que atraviesa a toda la sociedad argentina". El funcionario vinculó esa posición con el reconocimiento internacional del límite exterior de la plataforma continental argentina, producto de décadas de trabajo técnico y diplomático que calificó como "una verdadera política de Estado".
