El fiscal Eduardo Taiano decidió pedir la indagatoria de Alejandra Gils Carbó, la procuradora general de la Nación y su jefa, debido al modo en que se compró el edificio de la calle Perón 667, donde se encuentran las principales oficinas del Ministerio Público Fiscal.

Los delitos que el fiscal pide investigar son fraude en perjuicio de la administración pública, cohecho, trafico de influencias, negociaciones incompatibles con la función publica y abuso de autoridad.

La Procuración General de la Nación pagó en julio de 2013 la suma de $ 43.850.000 por el coqueto inmueble, donde Gils Carbó instaló sus oficinas.

La procuradora general de la Nación había puesto al frente de la primera y más importante licitación desde que había comenzado su gestión en 2012 al licenciado en Economía y experto en transparencia Guillermo Bellingi.

Como subdirector general de la Procuración, Bellingi intervino en la licitación y modificó una condición que favoreció a la firma que finalmente resultó adjudicataria.

La empresa Arfinsa -del Grupo Bemberg- vendió el edificio y le pagó una comisión de $ 7.700.000 a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios por asesoramiento. Que a su vez le pagó por asesoramiento para la licitación la suma de $ 3.000.000 a un productor de seguros de La Plata sin relación con el rubro inmobiliario llamado Juan Carlos Thill.