El martes, miembros del Departamento de Justicia en Washington se reunieron con Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, Sebastián Ramos -que en realidad lleva una causa del Lava Jato ajena a Odebrecht- y Marcelo Martínez de Giorgi, además de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez.
El objetivo era acercar posiciones para que la Justicia argentina pueda acceder a los testimonios y pruebas que la constructora brasileña y otros confesores del Lava Jato declararon en los Estados Unidos el año pasado. En ese país, como en Brasil, los ejecutivos de Odebrecht y ex funcionarios de Petrobras aportaron evidencias sobre el pago de coimas en América Latina y África.
Para ser más específicos, en el caso de Argentina, la empresa admitió el pago de sobornos a ex funcionarios por al menos US$ 35 millones entre 2008 y 2014. De todas maneras, a pesar de que ahora se conocen algunos detalles, lo que sucedió en esa reunión, admiten los magistrados, quedó condicionado por un acuerdo de confidencialidad.
Sin embargo, tras mantener el encuentro, comenzaron a aparecer por los portales de Buenos Aires noticias sobre las pruebas prometidas cuando los letrados aún estaban en territorio estadounidense. Accionar que "sorprendió” a los integrantes del encuentro.
En tanto, desde los tribunales federales se despegaron de las filtraciones y apuntaron a los miembros del gobierno que formaron parte de la comitiva argentina en representación de los ministerio de Justicia y de Seguridad. Según sostuvieron fuentes judiciales, la filtración puede hacer caer el acuerdo de colaboración con Washington. "Las autoridades fueron claras. La condición de confidencialidad de lo que se habló y con quiénes nos reunimos es fundamental para que lleguen las pruebas que buscamos”, dijo uno de los magistrados.
