La semana pasada, Cambiemos logró sumar el apoyo del Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, pero no hubo acuerdo sobre la metodología de apartamiento del ex ministro kirchnerista. Tras un cuarto intermedio, el martes se retomarán las negociaciones.
En la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene 34 miembros, Cambiemos cuenta con 14 voluntades, seguido por el FpV, con 9, y el FR, con 6, además de dos diputados del Bloque Justicialista, por lo que se descuenta el dictamen de mayoría para expulsar a De Vido y habilitar la sesión prevista para el día siguiente.
Si el oficialismo logra dictamen de mayoría, para la sesión especial necesitará dos tercios de los votos de los diputados presentes, lo que genera dudas en los operadores oficialistas respecto a la voluntad de los espacios aliados de ocupar sus bancas.
Si el FpV decidiera ubicar a todos sus legisladores en sus bancas -en total son 70-, el oficialismo necesitará dos veces esos votos. Hasta el momento los números son inciertos.
El presidente del interbloque de Cambiemos en Diputados, Mario Negri, reiteró la importancia que la expulsión de De Vido tiene para Cambiemos, y consideró que "no se pueden autorizar las abstenciones" en el proceso de exclusión al destacar que tomar esta postura "es como votar en contra".
El macrismo invocará la figura de "inhabilidad moral" prevista en el artículo 66 de la Constitución, aún bajo la certeza de que De Vido podría "judicializar" el trámite.
El ex ministro de Planificación tiene cinco procesamientos (además de 26 imputaciones y más de 80 denuncias). En primer lugar, la causa por la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas, está cerca de llegar a juicio oral. El Tribunal Oral Federal 4 podría juzgarlo antes de fin de año.
Por otro lado, la Oficina Anticorrupción pidió la elevación a juicio de la causa que investiga la millonaria compra de trenes chatarra a España y Portugal, entre 2007 y 2011, que motivó la detención del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.
De Vido también está procesado por presunto direccionamiento de obra pública al empresario Lázaro Báez, por el reparto de subsidios a los colectivos del Área Metropolitana y a algunas líneas del interior del país y por la renegociación irregular de contratos ferroviarios.
