El gobernador Domingo Peppo encabezó, este martes, la presentación del primer informe de la Unidad de Búsqueda del Destino Final de las Personas Desaparecidas Vinculadas a la Provincia del Chaco. El objetivo es la búsqueda de restos de ciudadanos desaparecidos o el destino final en el territorio provincial durante la dictadura cívico militar de 1976-1983.
La iniciativa de la Subsecretaría de Memoria Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos, fue creada por resolución N° 109 en mayo de 2016. “Hablar de desaparición de personas es terrible, y cuando involucra al Estado es aún más grave y debe movilizar a toda la sociedad en la búsqueda de la verdad. Lo que pasó en nuestra historia reciente, merece políticas públicas que garanticen la memoria, la verdad y la justicia”, resaltó Peppo.
Asimismo, destacó que el Chaco se encuentra entre las provincias abanderadas en la búsqueda de desaparecidos. “El rol del Estado es el de brindar herramientas fundamentales para avanzar en los procesos, a fin de realizar un trabajo meticuloso en toda la provincia y la zona, como se está dando. Este informe, es parte de un trabajo exhaustivo que se viene realizando”, expresó.
La iniciativa, tiene como eje fundamental la recolección de pruebas para aportar a distintas causas en curso, como así también la identificación de posibles sitios de entierro. “Lo que corre todos los velos es la verdad y con la verdad viene la justicia”, aseguró el mandatario.
El secretario de Derechos Humanos, Juan Carlos Goya destacó la búsqueda de la verdad y la justicia en la provincia a través de la decisión política del exgobernador Jorge Capitanich y del gobernador Domingo Peppo. “Chaco es la única Provincia que tiene establecido un mecanismo permanente de trabajo, estamos muy orgullosos”, celebró.
En ese sentido señaló que los militantes por los derechos humanos ya no trabajan en soledad sino que cuentan con todo el apoyo del Estado. “Nosotros venimos trabajando hace 40 años más o menos en encontrar nuestros afectos y a todos los ciudadanos que han desaparecido. En el Chaco, la voluntad del Estado se abraza con los militantes de derechos humanos y está logrando grandes cosas”, finalizó.
Trabajo conjunto y sostenido
El trabajo realizado fue de manera mancomunada con el Colectivo Arqueológico, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT). El convenio firmado, tiene como fin trabajar en conjunto en el diagnóstico, planificación y evaluación de los proyectos de investigación; identificar sitios clandestinos de enterramientos individuales o colectivos y capacitar al personal local para las tareas de terreno.
Los primeros trabajos, se desarrollaron en las costas del río Paraná, tanto en Chaco como en Corrientes. “Se trabajó y se realizó un relevamiento testimonial de más de 60 personas, en su mayoría pescadores, los que presentaron testimonios de enterramientos tanto colectivos como individuales en la zona”, explicó la subsecretaria de Memoria Verdad y Justicia, Silvia Robles.
“Todas las pruebas recabadas, se presentan en la justica con el fin de que ésta, ordene la exhumación de los cuerpos. Los testimonios, en su mayoría, dan cuenta de cuerpos con los dedos cortados para borrar sus huellas y algunos con cortes en el vientre, que según sostienen, es para evitar que floten”, expresó Robles.
La delimitación del campo fue establecida en base a los antecedentes testimoniales y judiciales basados en la aparición de cuatro cuerpos en el balneario de Empedrado a fines de 1976, los que fueron enterrados en el cementerio local como NN. Tras la inhumación realizada en 2006, se pudo establecer que uno de ellos correspondía al militante desaparecido en la Masacre de Margarita Belén, Julio Andrés “Bocha” Pereyra.
Por último, el intendente de Resistencia Jorge Capitanich, recordó que desde el inicio su gestión de gobierno se basó en políticas de Estado en derechos humanos a través de la creación de la Secretaría. “Se han implementado distintas políticas, una de ellas es esta resolución, que nos parece trascendental como hecho político institucional, es un avance cualitativo en cuanto a políticas públicas y políticas de Estado”, indicó.
“La política de derechos humanos constituye una política insoslayable en Argentina y esto, nos ha permitido tener reconocimiento internacional. Este tipo de acciones, debe formar parte de una agenda de conciencia colectiva”, concluyó.
